La situación judicial de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, continúa agravándose. Un juzgado de Barranquilla programó para el miércoles 1 de octubre la audiencia de imputación de cargos en su contra, en un proceso que se suma al expediente abierto por presuntas irregularidades durante la campaña presidencial de 2022.
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Según reveló El Colombiano, la Fiscalía General de la Nación le imputará los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias, este último incorporado como un nuevo señalamiento.
Los hechos investigados se remontan a la época en la que Petro Burgos ejercía como diputado del Atlántico. La Fiscalía sostiene que habría ejercido presión para favorecer la firma de cinco contratos por más de $3.000 millones de pesos, celebrados a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Unión Temporal Conciencia Incluyente.
De acuerdo con la investigación, esos convenios tenían como finalidad la atención de adultos mayores y estudiantes con discapacidad, pero nunca se ejecutaron. Así, los recursos públicos asignados no habrían llegado a la población beneficiaria, lo que configura una presunta desviación de fondos.
Posibles sanciones
El marco legal colombiano establece severas sanciones para estos delitos. El interés indebido en la celebración de contratos contempla penas de 64 a 216 meses de prisión y multas de 66 a 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV). Por su parte, la falsedad en documento público, tipificada en el artículo 287 del Código Penal, puede acarrear penas de 48 a 108 meses de cárcel.
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La Fiscalía, además, pedirá que Nicolás Petro sea cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario, lo que podría llevarlo tras las rejas mientras avanza el proceso judicial.
Un historial judicial en ascenso
Este nuevo caso complica aún más la situación de Petro Burgos, quien ya enfrenta un proceso paralelo por supuestos manejos irregulares de dineros durante la campaña presidencial de su padre en 2022. De acuerdo con la Fiscalía, habría recibido recursos de origen ilegal que debían financiar la campaña, pero que terminaron engrosando su patrimonio personal.
La defensa de Nicolás Petro ha insistido en que las investigaciones están viciadas y que las pruebas en su contra fueron “contaminadas”. Sin embargo, con este nuevo capítulo, el escenario judicial del hijo del presidente se convierte en un tema de creciente presión política y mediática.