La representante a la Cámara por Bogotá, María del Mar Pizarro, lanzó una nueva denuncia pública contra la multinacional Coca-Cola, acusándola de presuntas irregularidades en la explotación de los manantiales de agua en Santa Elena, La Calera (Cundinamarca). Según la congresista, la compañía habría operado durante varios años sin permisos de extracción y actualmente estaría intentando prorrogar una concesión vencida, lo cual iría en contra de la legislación ambiental colombiana.
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En un pronunciamiento reciente, Pizarro aseguró que “la explotación de siete manantiales de la planta de Coca-Cola en La Calera es ilegal”, señalando además que los nacimientos de agua habrían sido cubiertos con cemento, una práctica prohibida por el Código Nacional de Recursos Naturales.
Concesiones de agua vencidas y prórrogas cuestionadas
De acuerdo con la denuncia, la primera concesión fue otorgada en 1983 con una vigencia de diez años, pero la empresa continuó operando después de su vencimiento en 1993. Posteriormente, en 1996, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) renovó el permiso por otro periodo de diez años, hasta 2006. Sin embargo, entre 2006 y 2014, Coca-Cola habría extraído agua sin contar con una concesión vigente.
En 2014 se otorgó una nueva autorización hasta 2024. No obstante, en lugar de exigir un nuevo proceso, la CAR estaría evaluando una prórroga hasta 2025, pese a que la ley prohíbe extender las concesiones más allá de diez años.
“Este trámite de prórroga es claramente ilegal y desconoce el derecho al agua de más de 12.000 habitantes que dependen de la quebrada San Lorenzo”, afirmó la congresista.
Impacto ambiental y derechos de las comunidades
La representante advirtió que las presuntas irregularidades afectan directamente a las comunidades rurales de La Calera, quienes han denunciado que la explotación de los manantiales pone en riesgo el acceso al agua potable. Asociaciones locales y organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) también han elevado denuncias formales por la presunta vulneración ambiental.
Según Pizarro, lo ocurrido sienta un peligroso precedente: “No se puede prorrogar eternamente un permiso vencido sobre un bien público tan importante como el agua. La ley es clara y obliga a abrir un nuevo proceso que incluya estudios actualizados y la participación de la comunidad”.
Exigen una nueva concesión con participación ciudadana
La denuncia busca que la CAR suspenda el trámite de prórroga y convoque un nuevo proceso de concesión de agua que garantice la protección de los manantiales, la compensación ambiental y la participación de los habitantes de la zona.
“Defender el agua es amar la vida”, concluyó Pizarro, quien reiteró que este caso trasciende a una sola empresa y se trata de proteger un recurso vital en un contexto de cambio climático y creciente presión sobre los ecosistemas hídricos del país.
“Sin agua no podemos hacer absolutamente nada. Es el mayor recurso que tenemos. Nuestra meta a 2030 es devolverle a la naturaleza lo que usamos para hacer nuestros productos”,comentó Johana Cerpa, entonces vicepresidenta Legal y Asuntos Corporativos de Coca-Cola – FEMSA en la la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental que organizó la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en 2023.
En una investigación reciuente de Vorágine se explica que Coca-Cola tiene autorizado sacar 3,23 litros por segundo de siete nacimientos, según la concesión de aguas que le otorgó la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que se vence este año y está en proceso de renovación.
La extracción de agua en cantidades industriales al lado de comunidades que tienen dificultades con su suministro no es exclusiva de La Calera. En 2021, VORÁGINE investigólos casos de Sesquilé (Cundinamarca) y Caloto (Cauca), donde hay embotelladoras de Postobón que también sacan cientos de millones de litros de agua al año.