Un grave incidente ocurrido en la estación de Policía de Funza, Cundinamarca, ha dejado como saldo la muerte de cinco personas privadas de la libertad y otras siete en estado de observación médica. Las autoridades departamentales han iniciado una investigación para esclarecer las causas exactas del suceso, el cual ha generado conmoción en la región.
De acuerdo con información entregada por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, la emergencia se habría originado tras un presunto motín dentro de las instalaciones policiales. Al parecer, algunos internos iniciaron un incendio luego de prender fuego a varios colchones, lo que provocó una rápida acumulación de humo en el lugar.
Las víctimas sufrieron afectaciones respiratorias
Según reportes preliminares del Cuerpo de Bomberos, no se encontraron indicios de quemaduras en los cuerpos, lo que refuerza la hipótesis de que la mayoría de los afectados presentaron complicaciones respiratorias producto de la inhalación de humo tóxico.
“El informe inicial de Bomberos no da cuenta de quemaduras, por lo tanto, el incidente habría sido por causas respiratorias”, aseguró el gobernador Jorge Emilio Rey, al confirmar también que siete de los afectados permanecen en observación en centros hospitalarios.
Autoridades buscan esclarecer responsabilidades
Ante lo ocurrido, desde la Gobernación se dio la instrucción a la Policía Nacional de colaborar activamente con las investigaciones, al tiempo que se solicitó a la Fiscalía General de la Nación asumir el proceso correspondiente para determinar si hubo negligencia, fallas en los protocolos de seguridad o exceso de fuerza durante la contención del motín.
Los primeros tres internos fueron evacuados por los bomberos y trasladados de inmediato a hospitales cercanos. Horas más tarde, otros reclusos que manifestaban síntomas similares fueron también remitidos a centros asistenciales, aumentando la gravedad del hecho.
Mientras avanza la investigación, el hecho ha reavivado el debate sobre el hacinamiento y las condiciones precarias en centros de detención transitorios, donde muchas veces no se garantiza la seguridad ni la salud de las personas privadas de la libertad.