Este martes, 16 de septiembre de 2025, se marca un hito en la historia judicial de Colombia: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su primera condena contra los excomandantes del Secretariado de las FARC por el crimen de secuestro durante el conflicto armado. El fallo involucra a siete exjefes guerrilleros acogidos al Acuerdo de Paz de 2016 y establece sanciones restaurativas por su responsabilidad en más de 4.000 casos de retención ilegal.
La decisión judicial recae sobre Rodrigo Londoño (alias Timochenko), Pablo Catatumbo, Julián Gallo, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pastor Alape y Rodrigo Granda. Aunque reconocieron su participación en los secuestros, no aceptaron cargos por tratos crueles e inhumanos, tortura, esclavitud ni violencia sexual, hechos señalados por las víctimas.
¿Cómo serán las sanciones?
Las penas impuestas no contemplan prisión. En cambio, los excomandantes deberán cumplir sanciones de carácter restaurativo entre cinco y ocho años, que incluyen:
- Desminado humanitario.
- Proyectos de búsqueda de personas desaparecidas.
- Iniciativas de memoria histórica.
- Restauración ambiental y proyectos agrícolas.
Estas medidas buscan reparar, en parte, el daño ocasionado a miles de víctimas, incluyendo miembros de la Fuerza Pública, civiles y dirigentes políticos.
Controversias y cuestionamientos
La sentencia ha generado fuertes reacciones tanto en víctimas como en sectores políticos y académicos. Las principales críticas se centran en tres aspectos:
- Ausencias notoriasEn la audiencia de verificación, los excomandantes Timochenko, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda no se presentaron de forma presencial. Esto fue reprochado por la JEP: “No solo es una responsabilidad jurídica, es un compromiso ético y moral”, dijo Camilo Suárez, presidente de la Sala de Reconocimiento.
- Reconocimientos incompletosA pesar del reconocimiento del secuestro como una práctica sistemática, no aceptaron la esclavización, pese a los testimonios que describen condiciones degradantes, trabajos forzados y violaciones a la dignidad humana.
- Incertidumbre sobre la implementaciónLa Contraloría General advirtió que no hay recursos suficientes para ejecutar las sanciones. Se necesitan al menos 500.000 millones de pesos, pero solo se han desembolsado 20.000 millones. Tampoco hay un plan claro para el uso de bienes entregados por las FARC ni una base de datos consolidada para la reparación.
Proyectos restaurativos establecidos por la JEP
Los principales frentes de acción definidos por el tribunal incluyen:
- Acción integral contra minas antipersonal en zonas históricamente afectadas.
- Búsqueda de desaparecidos, un 8% de las víctimas aún desconoce el paradero de sus seres queridos.
- Líneas de memoria histórica y reparación simbólica.
- Proyectos de restauración ambiental en territorios impactados por el conflicto.
Un paso histórico en medio de tensiones
Aunque se trata de un fallo sin precedentes, el proceso no ha estado exento de tensiones. Para algunos, representa un avance hacia la justicia transicional; para otros, una forma de impunidad, dados los crímenes cometidos y las penas no privativas de libertad.
Timochenko, en una de sus intervenciones pasadas, expresó: “¿Cómo es posible reivindicar ante la humanidad como un hecho válido el cosificar a una persona, en convertirla en mercancía en función de financiar un proyecto que reivindicaba la dignidad humana cuando la estábamos pisoteando?”.
Sin embargo, el mismo excomandante ha faltado a audiencias claves, lo que para muchas víctimas contradice sus palabras y debilita la confianza en el proceso.