En la mañana de este martes 16 de septiembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer la primera sentencia en sus siete años de existencia. La decisión correspondió al Macrocaso 01 sobre secuestro y es el resultado de la escucha de más de 4.200 víctimas y de 402 comparecientes. Esta vez, cobijó al último Secretariado de las extintas Farc.

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El presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, dio un discurso en el cual dio detalles sobre la importancia histórica de la sentencia.

“Las sentencias y acciones que hoy se anuncian marcan una nueva etapa procesal en la que la restricción efectiva de los derechos de los responsables vendrá acompañada de trabajos para restaurar a las víctimas, las comunidades y sus territorios”, expresó Ramelli.

En su intervención, el magistrado señaló hace poco más de siete años, tras la creación de la JEP, se les dio la oportunidad a los victimarios a que entregaran verdad plena sin revictimizar a sus víctimas.

También mencionó el caso de la viuda de un ciudadano, quien durante 17 años no tuvo claridad sobre el paradero de su esposo, quien había sido secuestrado por la extinta guerrilla de las Farc.

“Hace unos días informamos que después de que el Secretariado de las Farc reconociera el secuestro, asesinato y desaparición de don Orlando Alberto Toledo Lugo, la JEP le ordenó a la Registraduría entregarle a su esposa el certificado de defunción que la justicia le había negado durante todos estos años”, expresó el magistrado Ramelli.

Sobre esta y otras historias, el magistrado señaló que la verdad es un paso apenas para la construcción de justicia efectiva en Colombia tras 50 años de conflicto armado.

“Nunca antes había ocurrido. En ningún lugar del mundo, los máximos responsables de una organización armada habían reconocido públicamente sus crímenes. En otros países hubo perdones generales. En Colombia, los crímenes de guerra y de lesa humanidad son investigados, juzgados y sancionados. Hoy se impone la primera sanción propia a los responsables de la política de secuestro que desplegaron las extintas Farc para financiarse, canjear prisioneros y controlar territorios”, agregó Ramelli.

Más adelante, se dirigió directamente a las víctimas de estos delitos, cuya vida se vio gravemente afectada por las acciones de las desaparecidas Farc. “Respetadas víctimas, esta sentencia no les devolverá todo lo que perdieron, no podrá cambiar un pasado doloroso ni recuperar el tiempo perdido ni sanar por completo sus profundas heridas. Ninguna sentencia podrá hacerlo. Pero sí busca aliviar su dolor y el de sus familias, restaurar su dignidad y enviar un mensaje claro: Nunca más un secuestro en Colombia, nunca más la vida convertida en una moneda de cambio, nunca más la libertad de un ser humano humillado, nunca más el secuestro como medio de guerra, nunca más una vida rota en nombre de un propósito político. Nunca más”, concluyó el presidente de la JEP.

La primera sentencia de la JEP: las sanciones contra los siete miembros del último Secretariado de la JEP

Poco después, Camilo Andrés Suárez, magistrado de la Sección de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad, procedió a leer una versión acotada de la primera sentencia de la JEP. En total, fueron sancionados siete exintegrantes del último Secretariado de las desaparecidas Farc: Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Julián Gallo, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda.

La JEP los había imputado por secuestrar a miles de personas para financiarse, forzar el intercambio de guerrilleros presos y ejercer control territorial. Vale decir, que no solo aceptaron que cometieron estos delitos, sino que también se reconocieron culpables por no controlar las conductas de sus subalternos, quienes cometieron vejámenes de todo tipo contra los secuestrados.

Entre tanto, señalaron que las sanciones que cobijaron a los exmiembros del último Secretariado no implicaban cárcel, pero sí “restricciones reales a sus derechos y libertades”.

De acuerdo con el magistrado Camilo Suárez, esta sentencia no solo significa el cierre de un capítulo judicial, sino también una semilla para la memoria histórica del país.

También recordó que el Acuerdo de Paz, firmado en noviembre de 2016, consiguió que más de 13.000 combatientes dejaran las armas y creó un modelo de justicia transicional para garantizar la verdad y la reparación de las víctimas.

“Bajo el contexto anterior es que la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz profiere esta sentencia dentro del Caso 01 denominado ‘Toma de rehenes, graves privaciones de libertad y otros crímenes concurrentes por las Farc’ en la que se responsabiliza a los comparecientes y, en consecuencia, se les impone la máxima sanción imponible en este modelo de justicia: esto es ocho años de sanción propia, atendiendo su reconocimiento, su responsabilidad, su aporte de verdad exhaustivo y detallado para develar patrones y política, pero teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes y la máxima responsabilidad que ostentaban en esa organización”, indicó el magistrado Suárez.

Así mismo, señaló que los siete integrantes del último Secretariado de las Farc fueron declarados como los máximos responsables de la organización entre 1993 y 2012. También fueron encontrados “plenamente responsables” en calidad de autores por la comisión de crímenes de guerra como tomas de rehenes y homicidios. También los hallaron responsables de crímenes de lesa humanidad como privaciones de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas.

Aunque no implicará que vayan a la cárcel, la sanción obligará a los exmiembros de las Farc a participar en proyectos con contenido restaurador y reparador.

Entre otras cosas, tendrán que trabajar en proyectos encaminados a buscar a personas desaparecidas, ejecutar acciones contra las minas, construir memoria, y trabajos por el medio ambiente y el territorio.