La discusión sobre el futuro de la reforma a la salud volvió a encenderse en los últimos días, después de que el presidente Gustavo Petro hizo unas fuertes declaraciones sobre el papel de las EPS y el futuro de la atención sanitaria en Colombia. “Las EPS se van a seguir quebrando y no las voy a salvar”, dijo el primer mandatario en su intervención.
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Así mismo, defendió su proyecto de reforma a la salud que será discutida en tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, un escenario legislativo que ha sido especialmente difícil para el Gobierno Nacional en los últimos años.
“Durante dos años han tenido el proyecto y ahora quieren volver a hundirlo. ¿O acaso quieren mantener un Frankenstein de empresarios corruptos, que han contribuido a un cartel de contratación cuyos responsables ya están en manos de la justicia y que cuentan con el respaldo de políticos y senadores de la República?”, se preguntó el primer mandatario en su discurso del pasado 12 de septiembre.
Pero las cosas para el actual Gobierno en la Comisión Séptima del Senado nunca han sido fáciles. De hecho, una primera versión de la reforma a la salud ya había sido hundida en esa célula legislativa. Sin ir más lejos, este mismo año ocho congresistas votaron para archivar la reforma laboral en tercer debate. Esto produjo una verdadera tormenta política y más tarde hizo que el presidente Petro impulsara una consulta popular para revivir el proyecto. La presión fue tal, que la iniciativa terminó resucitando y aterrizando en la Comisión Primera. Finalmente, terminó aprobada en ese tercer debate y, más tarde, también en el cuarto en la plenaria del Senado.
El ambiente, entonces, está caldeado. El Gobierno replicó el discurso del presidente Petro en prácticamente todas los canales oficiales de entidades adscritas al Ejecutivo, mientras que algunos senadores han manifestado serias dudas sobre asuntos de fondo de la reforma a la salud.
En ese agitado contexto, PUBLIMETRO habló con la senadora del Partido de la U Norma Hurtado, quien fue presidenta de la Comisión Séptima en el período 2022-2023, tendrá voz y voto en la discusión y ha manifestado sus dudas frente a la reforma a la salud del Gobierno Petro.
¿Cómo está el clima en la Comisión Séptima para la discusión de la reforma a la salud? Esa comisión se hizo célebre por hundir la reforma laboral hace unos meses…
Nosotros hemos visto los últimos días que el ambiente hacia la Comisión está bastante tenso, bastante agresivo. Hemos sufrido descalificaciones no solamente ahora, sino de mucho tiempo atrás. Preguntar, debatir e investigar se ha convertido como en una amenaza para el Gobierno. Y, finalmente, no se ha podido dar una concertación tranquila con el Gobierno.
Uno de los temas más importantes de esta reforma es el aval fiscal, que los recursos sí estén y que sea económicamente viable para el país. ¿Qué han sabido ustedes de ese aval fiscal?
Desde la primera reforma a hoy se han presentado seis avales fiscales sustentados por el Gobierno, todos diferentes, sustentados con distintas cifras, con distintos objetivos, con algunos ítems que hoy no están y han sido excluidos.
Pero este último aval fiscal, del 20 de agosto, tiene una connotación especial. El marco fiscal arrojaba un déficit primario. Es decir, que se iba a gastar mucho más del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2026. También el Ministerio de Hacienda dijo que iba a incrementar unos recursos muy importantes para el sistema, cerca de $7,2 billones de pesos. Pero en ese incremento empiezan a surgir las dudas de que el presupuesto del 2026 está desfinanciado, no porque lo haya dicho la Comisión Séptima, sino porque lo han sustentado de diferentes formas las Comisiones Tercera y Cuarta. Tanto que hoy es 15 de septiembre y el presupuesto no fue aprobado. Entonces, vale la pena preguntarse si el incremento que se dijo para la salud está o no financiado.
Posteriormente, el Comité Autónomo de Regla Fiscal habló de que hay un déficit de $26 billones de pesos y es allí donde la Comisión Séptima pregunta si ese monto tan importante golpea al sistema de salud. Pues no hay respuesta. Es necesario que el ministro, de una forma sencilla y tranquila, les explique a los colombianos si todos estos interrogantes tocan o preocupan al sistema de salud.
El gobierno propone que las EPS se conviertan en gestoras de salud y vida. ¿Ustedes sienten que las EPS tienen la voluntad de hacer esa transición? Ya ha habido algunos acercamientos con el gobierno…
Esos diálogos creo que han estado limitándose al tema de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), porque había unas mesas técnicas. Nosotros recogimos todo el trabajo del 2024 donde se pulieron las funciones, las obligaciones y especialmente los resultados de las gestoras de salud y vida. La parte administrativa y la garantía del acceso a la salud es una obligación importante y grande de las gestoras. Pero yo creo que ellas ya entendieron, como lo entendió el país, que la figura de la EPS va a desaparecer en Colombia. Fue un programa de Gobierno, hoy es un Plan de Desarrollo y una política pública. Ha sido mil veces manifestado por el señor presidente, entonces ya no es si concilian o no, sino que entendieron la realidad.
La realidad es mucho más marcada: una de las principales funciones, que era la gestión del riesgo financiero, ya no va a estar en cabeza de las EPS. Creo que es un tema que está superado. La voluntad del Gobierno del Cambio es un tema que no es necesario poner otra vez en la agenda. Creo que hasta el 7 de agosto del 2026 que esté el presidente Gustavo Petro, él seguirá insistiendo en que esa figura ya cumplió su ciclo en el sistema de salud colombiano.
¿Considera usted cierta la afirmación del Gobierno sobre el riesgo de que el sistema de salud podría quebrarse si no se aprueba esta reforma?
No lo comparto, no lo acepto. Nosotros hemos sido muy responsables en revisar el articulado, en mejorarlo. Ya estamos ad portas de empezar un debate del articulado con mucha más profundidad y acompañados de muchísimos actores del sistema. La voluntad de los senadores es individual, yo no puedo plasmarla en esta entrevista. Pero sí (puedo decirle) que va a haber debate y que se va a realizar en la Comisión Séptima. Frente a la postura del señor presidente es necesario recordar muchas cosas: que la UPC está desfinanciada, que en el paso del 2022 al 2023 sin un sustento técnico se devolvieron $8 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación que estaban destinados para la salud.