La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que involucrarían a Sandra Tatiana Mosquera Mosquera en la muerte de tres de sus compañeros sentimentales y en el ataque con arma cortopunzante a su hermano.
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Inicialmente, la mujer fue presentada ante un juez de control de garantías como presunta responsable del crimen de una de sus parejas, ocurrido el 21 de abril de 2024, en Anserma (Caldas). Por este hecho, un fiscal seccional la imputó por los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas; y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los elementos materiales probatorios indican que la víctima salió de jugar billar y se fue al lugar de residencia de Mosquera Mosquera. Días después, partes del cuerpo del hombre fueron encontradas en el sector El Tulfor y en una alcantarilla del puente Lázaro, en zona rural del municipio.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que esta persona fue sometida a golpes y lesiones con arma cortopunzante hasta provocarle la muerte. Otras evidencias recopiladas indican que fue desmembrada y sacada de la vivienda de su pareja en dos maletas.
En el curso de la investigación se conoció que Mosquera Mosquera se apoderó de la motocicleta de su compañero sentimental y la vendió en un millón de pesos.
Los otros dos tres eventos delictivos en los que habría participados la hoy procesada ocurrieron en Pereira y Santuario (Risaralda).
Asegurado presunto responsable de tentativa de feminicidio contra una mujer indígena en Suesca (Cundinamarca)
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Juan José Pedroza Caro, como presunto responsable del delito de feminicidio agravado en modalidad de tentativa, en hechos ocurridos el 31 de agosto de 2025.
Según la investigación, después de una discusión en vía pública de Suesca (Cundinamarca), el hombre habría atacado con un cuchillo a su pareja perteneciente a la etnia Wayuu. La víctima de 27 años sufrió una grave herida en el abdomen que puso en riesgo su vida.
Por esta agresión, la mujer recibió una incapacidad médico legal provisional de 30 días y la Fiscalía solicitó medidas de protección para ella y su núcleo familiar.
Los elementos de prueba y los testimonios obtenidos evidenciaron que la mujer habría sido víctima de violencia física y verbal por el hoy procesado, en los años 2017 y 2021.