Mathew Hinson Charles, director de la Fundación Mi Historia, profesor en la Universidad del Rosario en temas de criminalidad y miembro del Observatorio de Criminalidad de Colombia, habló de cómo debería ser la responsabildad penal adolescente, un tema que ha desatado polémica luego del caso del menor de 15 años que fue quien le disparó en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y que fue condenado a 7 años de privación de la libertad.
¿Cómo define la Fundación Mi Historia la responsabilidad penal de adolescentes desde una visión no punitiva?
Para nosotros, responsabilidad significa asumir el daño causado, comprender sus causas y reparar en lo posible, con apoyo sostenido y metas verificables. Partimos del enfoque de derechos y del desarrollo adolescente: rendición de cuentas con acompañamiento psicosocial, participación informada de la víctima, y un plan individual que prioriza escuela, salud mental y proyecto de vida. El castigo no desaparece, pero deja de ser el centro: la reparación, la restitución de vínculos y el cambio de conducta son el eje.
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¿Qué limitaciones encuentra en el modelo actual en Colombia basado en la sanción y cuáles son las alternativas que plantea?
El modelo centrado en la sanción prioriza el “cumplir la medida” por encima de reducir la reincidencia. Predomina el encierro breve y estigmatizante, con desconexión de escuela y familia, y poca atención a trauma, consumo de sustancias y violencia intrafamiliar. La oferta psicosocial es fragmentada, hay alta rotación de operadores y casi no existe continuidad posmedida. Las métricas miden castigos ejecutados, no cambios reales de vida. La alternativa es restaurativa e integral: se propician espacios con la víctima y la familia, conferencias o círculos, para reconocer el daño y pactar acuerdos reparatorios medibles; se priorizan medidas no privativas con gestión de caso intensiva, tutorías y mentores; se favorece el regreso y la permanencia educativa, así como la formación para el trabajo y las primeras experiencias laborales; se incorpora atención en salud mental y tratamiento de consumo; y se establece un seguimiento comunitario con hitos mensuales y consecuencias graduadas ante incumplimientos. De este modo, el foco se desplaza de “castigar” a reparar, reinsertar y proteger a la sociedad atacando las causas del delito.
¿Cómo se puede conciliar la protección de la sociedad con un enfoque que no priorice el castigo?
Protegemos mejor cuando reducimos la reincidencia, no cuando solo castigamos. La conciliación se logra con tres capas: prevención focalizada, intervención intensiva y contención proporcional. Primero, evaluar el riesgo y las necesidades: colegio, familia, salud mental, consumo; y diseñar con base en ello un plan individual que pacte acuerdos reparatorios con la víctima, asegure el regreso o continuidad educativa y ofrezca terapia y mentorías. Segundo, supervisar de forma cercana y medible: fijar hitos mensuales, realizar tutorías y visitas domiciliarias, y brindar soporte a la familia. Tercero, aplicar controles proporcionados cuando el riesgo lo amerite: dictar órdenes de alejamiento, implementar monitoreo, establecer restricciones de movilidad y escalar consecuencias graduadas si no se cumplen los acuerdos. La clave es combinar rendición de cuentas y apoyo y tomar decisiones basadas en datos. Así disminuye la probabilidad de un nuevo delito y, por tanto, aumenta la seguridad pública.
Desde su experiencia en el Observatorio de Crimen Organizado, ¿qué evidencia muestran los datos sobre la reincidencia de adolescentes sancionados de manera punitiva?
El ICBF sitúa la reincidencia del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes alrededor del 19,9 %, y ha reportado reducciones del 20 % al 16 % en pilotos que incorporan prácticas de justicia restaurativa, lo que sugiere que cambiar del foco punitivo a la reparación con acompañamiento integral mejora resultados. Varios estudios internacionales demuestran que la detención juvenil reduce sustancialmente la probabilidad de terminar el bachillerato y aumenta el encarcelamiento en la adultez; es decir, castigar sin abordar necesidades eleva el riesgo futuro, no lo reduce. También cuando se comparan sanciones privativas versus no privativas, las revisiones sistemáticas documentan que, en la mayoría de estudios, las alternativas comunitarias se asocian con menos reofensa que el encierro. La academia y la sociedad civil son básicamente unánimes en que las medidas punitivas no funcionan a largo plazo. Los políticos que afirman lo contrario ignoran la evidencia.
¿Qué cambios estructurales deberían darse en la política criminal juvenil en Colombia para fortalecer enfoques restaurativos?
Las reformas propuestas, orientadas a ampliar las medidas restaurativas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), quedaron en suspenso tras el asesinato del senador Turbay. Con todo, el principio rector permanece: transitar del castigo por defecto a resultados verificables. Ello supone establecer la justicia restaurativa como regla, con participación de víctimas y familias y acuerdos reparatorios medibles; derivar tempranamente los casos de menor gravedad hacia respuestas comunitarias para evitar el etiquetamiento; especializar la respuesta juvenil mediante planes individualizados, gestión de caso y seguimiento cercano; garantizar educación, salud mental y empleo joven como componentes de la responsabilidad; y reservar la privación de la libertad para situaciones de alto riesgo, por el tiempo más breve posible y con control judicial periódico. En suma, las reformas que se necesitan ya estaban siendo propuestas y constan en el proyecto de ley (PL 416/2025).
¿Qué lecciones se pueden aprender de otros países que han implementado modelos alternativos al castigo?
La experiencia comparada señala tres movimientos que funcionan en conjunto: desviar tempranamente de la vía judicial a respuestas comunitarias y restaurativas; especializar la respuesta juvenil con planes individualizados, mentoría y supervisión cercana; y tratar el consumo y la salud mental como prioridades de salud pública. Nueva Zelanda es un ejemplo de arquitectura restaurativa a escala: desde 1989 organizó su sistema en torno a las “family group conferences”, donde víctima y familia acuerdan reparación y un plan de cambio, no como piloto puntual, sino como columna vertebral legal del sistema juvenil. Esto ha permitido procesar buena parte de los casos fuera de la custodia, con ajustes y debates recientes sobre su alcance, pero con una infraestructura restaurativa estable. Canadá dio un giro parecido con la “Youth Criminal Justice Act (YCJA)”, que prioriza medidas extrajudiciales y comunitarias. El resultado más visible es estructural: una caída sostenida de la custodia juvenil; el propio Ministerio de Justicia reporta una reducción del 88 % en la tasa de encarcelamiento juvenil entre 1997 y 2022, en parte atribuida al uso explícito de medidas extrajudiciales y a un diseño que reserva la privación de libertad para los casos más graves. Noruega reformó en 2014 la justicia juvenil creando “supervisión juvenil” y “pena juvenil”, administradas por el Servicio Nacional de Mediación. La lógica es restaurativa: un plan individual, mediación con la víctima y seguimiento profesional, con controles proporcionados según riesgo. La lección es la especialización: equipos con mandato juvenil que combinan rendición de cuentas con apoyos y contención gradual.
Fuera del plano estrictamente comparado entre países, California cerró en 2023 sus prisiones juveniles estatales (DJJ) y realineó la responsabilidad a los condados mediante la la Oficina de Juventud y Restauración Comunitaria marcando estándares de “positive youth justice”. No es la abolición de toda privación de libertad, pero sí un giro estructural: menos dependencia del nivel estatal, mayor cercanía territorial y más inversión en alternativas y servicios locales.
¿Qué papel juegan la educación, la salud mental y el acompañamiento psicosocial en los procesos de responsabilidad penal juvenil?
Son el corazón del cambio. La educación ancla rutinas y proyecto de vida: devuelve al adolescente a un entorno de aprendizaje, restaura pertenencia y abre trayectorias formativas y laborales que compiten con la economía ilegal. La salud mental aborda lo que suele estar debajo del delito, duelo, trauma, ansiedad, consumo problemático, y desarrolla habilidades de autorregulación y manejo de impulsos que hacen posible cumplir acuerdos reparatorios y evitar la repetición. El acompañamiento psicosocial articula todo: gestión de caso, trabajo con la familia y el barrio, mentoría de pares y seguimiento cercano que convierte metas en hitos medibles (asistencia escolar, adherencia terapéutica, inserción laboral, cumplimiento reparatorio).
¿Cómo trabaja la Fundación Mi Historia para transformar las narrativas de “jóvenes peligrosos” en historias de resiliencia y oportunidades?
En vez de hablar 'sobre’ los jóvenes, trabajamos ‘con’ ellos para que sean autores de su propia historia y corresponsables de su reparación. Nuestras metodologías, periodismo transformativo y autobiografía creativa, abren un espacio seguro para revisar el pasado, nombrar el daño y proyectar un futuro posible. En Radio Trompo, por ejemplo, nuestra emisora digital, los jóvenes periodistas producen podcasts y crónicas que enlazan lo que vivieron con lo que están empezando a construir: vuelven al colegio, participan en acciones reparatorias y suman a su barrio en esa ruta.
El resultado es narrativo y práctico a la vez: los jóvenes dejan de ser “casos” para convertirse en autores con responsabilidades y metas verificables, desafiando estigmas y estereotipos que los reducen a etiquetas. La comunidad encuentra un relato creíble de seguridad basada en la no repetición. Así, la etiqueta de “peligrosos” pierde fuerza frente a historias públicas de esfuerzo, aprendizaje y oportunidades reales.
¿Cómo enfrentar la presión social y mediática que suele pedir medidas más duras contra los adolescentes infractores?
La salida no es entrar en una guerra de eslóganes, sino cambiar el marco: proteger mejor a la sociedad significa reducir la reincidencia, no solo castigar. Para sostener ese marco en la conversación pública conviene articular tres frentes. Primero, evidencia y transparencia: explicar con lenguaje llano qué funciona, acuerdos reparatorios medibles, regreso a la escuela, salud mental, mentoría, seguimiento cercano y publicar indicadores de no repetición, permanencia educativa, inserción laboral y cumplimiento reparatorio. Segundo, relatos veraces con voces plurales: dar lugar a víctimas que desean participar, a familias y a jóvenes que han reparado y cambiado, para desafiar estigmas y estereotipos sin romantizar el delito y mostrar seguridad basada en resultados, no en titulares. Tercero, contención proporcionada y comunicada: dejar claro que hay consecuencias graduadas ante incumplimientos, medidas de protección a víctimas y controles cuando el riesgo lo amerita, alineados con los estándares internacionales que definen la privación de libertad como último recurso y por el periodo más breve por su mayor eficacia preventiva. Con datos abiertos, narrativas responsables y rendición de cuentas, la presión por “mano dura” pierde terreno frente a una seguridad pública anclada en reparación efectiva y no repetición.
