En medio de tensiones políticas y a pocas horas de vencer el plazo legal, el presidente Gustavo Petro convocó a una reunión extraordinaria con los miembros de las comisiones económicas del Congreso para discutir el futuro del Presupuesto General de la Nación 2026. La cita fue programada para las 7:30 p. m. de este martes en la Casa de Nariño, según confirmó la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, encargada de extender la invitación oficial.
Aunque Petro se encuentra de viaje en Brasil, fuentes del Ejecutivo confirmaron que regresará al país esta misma noche para liderar personalmente el encuentro.
Un debate estancado y sin respaldo suficiente
El presupuesto propuesto asciende a 556,9 billones de pesos, pero su aprobación está atada a la viabilidad de una nueva ley de financiamiento por 26 billones, que el Gobierno requiere para garantizar el funcionamiento del aparato estatal el próximo año. Sin este respaldo legal, el Congreso no aprobaría el monto global del proyecto presupuestal.
La urgencia de esta reunión radica en que el miércoles 10 de septiembre debe presentarse la ponencia para iniciar el trámite legislativo, pero los avances han sido mínimos debido a desacuerdos entre el Ejecutivo y algunos sectores del Congreso.
Partido de la U se aparta del proceso
Uno de los golpes más significativos para el Gobierno proviene del Partido de la U, cuyos congresistas —incluidos coordinadores y ponentes— anunciaron que no asistirán a la reunión convocada por el presidente.
“La decisión responde a criterios de autonomía legislativa y a la necesidad de mantener un debate técnico y plural en el Congreso, sin condicionamientos externos. El partido reafirma su compromiso con el análisis riguroso del presupuesto, en defensa de los intereses ciudadanos y la sostenibilidad fiscal”, declararon los legisladores.
Riesgo de aprobación por decreto
En caso de que no se logre un consenso con el Congreso, el Ejecutivo podría optar nuevamente por aprobar el monto por decreto presidencial, como ya ocurrió con el presupuesto del año 2025. Este escenario preocupa a analistas y sectores políticos que advierten sobre los riesgos de deterioro en la relación entre los poderes del Estado.
La falta de acuerdo no solo afecta la aprobación del presupuesto, sino también la estabilidad del plan fiscal del Gobierno y su capacidad de financiamiento, en un año decisivo que antecede a las elecciones presidenciales de 2026.