Una red criminal dedicada a la explotación sexual comercial de menores de edad fue desmantelada por las autoridades en Bucaramanga, luego de una operación conjunta entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional. El caso ha generado conmoción por la forma estructurada y silenciosa en la que operaba la organización, utilizando como puntos de captación los parques Centenario y Santander, en pleno centro de la ciudad.
Cómo funcionaba la estructura delictiva
Según los elementos recopilados durante la investigación, la red inducía a niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad a ejercer prostitución en residencias, bares y hoteles, mediante el uso de documentos falsos, amenazas y manipulación.
En total, fueron capturadas 11 personas con roles claramente definidos dentro del entramado delictivo. Entre ellas, se encuentran:
- Diana Chinchilla y Barón Correa María José, mujeres trans señaladas como articuladoras principales, quienes ofertaban a las víctimas a los clientes.
- Leonela Milagros Carreño Palencia, de nacionalidad venezolana, acusada de captar a las menores y entregarles cédulas falsas para simular mayoría de edad. También se le investiga por presuntamente haber explotado a familiares menores.
- Roberto Suárez Gelvez, Luz Stella Vega Jiménez, Ana Lucía Parra Gelvez, Edwin Fernando Sánchez y Dennis Coromoto Farfán Cedeño, administradores de residencias y hoteles donde se consumaban los abusos, omitiendo cualquier registro oficial.
- Jhon Edison Echavez Armesto, dueño de un bar que habría facilitado sus instalaciones para estos encuentros.
- Héctor Corzo García y Daniel Collazos Cárdenas, taxistas encargados de trasladar a las adolescentes a los sitios de explotación.
Medidas judiciales y proceso en curso
Durante las audiencias, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra 10 de los procesados. En el caso de Luz Stella Vega Jiménez, se ordenó su reclusión domiciliaria.
Las autoridades continúan investigando si hay más personas implicadas y si existen redes conexas en otras regiones del país. Además, se ha iniciado un proceso de acompañamiento psicosocial a las víctimas y sus familias.