Por medio de un comunicado de prensa, la Contraloría General de la Nación reveló unos alarmantes hallagos que hizo en la Nueva EPS. El ente de control realizó una actuación de recaudo de información en la entidad en medio de diligencias de policía judicial que se realizaron para recoger información que corresponde a datos entre el 2022 y el primer semestre del 2025.
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El operativo se adelantó en julio de 2025 con el fin de recoger información que, al parecer, no estaba disponible en los sistemas de información de la Superintendencia de Salud, la entidad encargada de vigilar y controlar a las EPS del país.
“El análisis preliminar de los datos permite a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), generar una alerta por las presuntas irregularidades relacionadas con el incremento de anticipos, el represamiento de facturas sin auditar, el aumento de cuentas por pagar, falencias en la contratación de prestadores y deficiencias en la constitución de reservas técnicas”, informó la Contraloría en su boletín de prensa.
Entre las dificultades financieras, el ente de control también identificó que hubo un aumento “desmesurado” en los anticipos, con lo cual se vio comprometida la liquidez de la EPS.
“El análisis preliminar detectó un incremento significativo en los anticipos pendientes por legalizar entre las vigencias 2023 y 2024, pasando de $3,4 billones a $8,6 billones, lo que equivale al 155%, variación significativa que afecta la situación financiera de la EPS. La Contraloría evidenció un crecimiento acelerado en los anticipos pendientes por legalizar en lo corrido de la vigencia 2025, pues al corte de junio se acumulan $6,6 billones adicionales frente al total reportado durante la vigencia 2024, pasando de $8.6 billones a $15.27 billones, situación que compromete la liquidez institucional y aumenta el riesgo de un posible detrimento patrimonial, especialmente aquellos que superan los 2 años por valor de $143 mil millones”, advirtió la Contraloría.
Adicionalmente, hallaron facturas de servicios de alud que carecían de medidas básicas como revisión y validación que causan “inconsistencias contables y financieras”.
“Por otra parte, el análisis preliminar encontró que en 36 prestadores de salud (de una red de más de 2.700) se concentra el 40% del valor total pendiente por procesar, equivalente a $5.2 billones, lo que eleva significativamente el riesgo fiscal en caso de presentarse incumplimientos o litigios. Durante el desarrollo de la actuación de policía judicial, la Contraloría detectó que a pesar de la exigencia de la normatividad respecto a los sistemas de información para ejercer un control oportuno y pertinente para el procesamiento de datos, la EPS no acreditó la suficiente capacidad tecnológica requerida para garantizar la calidad de los datos relativos a la gestión de los recursos de la salud”, agregó el ente de control.
Además, encontraron contratos que no tenían la documentación completa, un incremento en las cuentas por pagar de servicios de salud y una subestimación de los pasivos.