El caso de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), sigue generando tensiones en los ámbitos judicial y diplomático. Aunque el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento en centro carcelario en su contra, su condición de asilado político en Nicaragua plantea una compleja barrera para la aplicación efectiva de la justicia.
Le puede interesar: Trabajar en el Sena: convocan más de 500 vacantes con sueldos que superan los $9 millones
El proceso contra González forma parte del escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el cual se investiga un presunto esquema de pagos ilegales para favorecer proyectos del Gobierno ante el Congreso. En este contexto, la Fiscalía le imputó los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros. Aunque se evaluó la posibilidad de sumar el cargo de lavado de activos, finalmente no se encontró sustento jurídico suficiente.
Le puede interesar: RTVC investigado por transmitir contenido sexual en horario familiar: la Comisión de Regulación abre proceso sancionatorio
Argumentos desestimados y contexto político
La defensa del exfuncionario, liderada por el abogado Iván Cancino, había apelado la decisión inicial del 3 de julio, argumentando que las acusaciones se basaban en testimonios falsos y motivaciones políticas. Según Cancino, se trataba de “calumnias sin fundamento” y de un “testigo mentiroso, con ánimo de revancha y motivaciones políticas”. No obstante, el Tribunal reafirmó la medida y consideró que los argumentos de la defensa no lograban desvirtuar los indicios recopilados.
Le puede interesar: Corte Constitucional prohíbe definitivamente toros, cabalgatas y peleas de gallos en Colombia
En su fallo, la corporación judicial destacó que González, por su trayectoria política, “se mueve en las más altas esferas del Estado, cuenta con reconocimiento público y está vinculado con el poder político hace muchos años”. Asimismo, advirtió que el caso involucra una red organizada, donde cinco implicados ya firmaron preacuerdos con la Fiscalía, aceptando cargos y señalando a González como parte de la estructura.
Obstáculos diplomáticos y asilo en Nicaragua
A pesar de la orden de captura, la ejecución de la medida enfrenta un impedimento crucial: González fue acogido como asilado político en Nicaragua. La Cancillería colombiana solicitó su extradición, pero Managua rechazó la petición, amparándose en el estatus diplomático concedido.
El periplo internacional del exdirector del Dapre comenzó en Europa y terminó en suelo nicaragüense, lo que ha dado pie a versiones que involucran al diplomático Óscar Muñoz, actual encargado de negocios de la embajada colombiana en ese país. Según las investigaciones, Muñoz habría jugado un rol clave en la salida del exfuncionario, ayudándolo a evitar su comparecencia ante la justicia.
Implicaciones legales y políticas
La ratificación de la medida contra González, aunque simbólicamente contundente, deja en evidencia las limitaciones del sistema judicial frente a casos con aristas internacionales. La negativa de Nicaragua a colaborar con Colombia en materia de extradición convierte el caso en un asunto de diplomacia más que de justicia penal.
En el fondo, el episodio plantea preguntas relevantes sobre el alcance real de las decisiones judiciales cuando los acusados cuentan con redes de protección política y diplomática fuera del país.