La creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, vuelve a estar en el centro de la controversia luego de que autoridades hallaran un teléfono móvil en su celda, ubicada en la Escuela de Carabineros de Bogotá. El hecho ha generado preocupación sobre las consecuencias legales que podría enfrentar dentro de su proceso de cumplimiento de pena.
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Según revelaciones de la Unidad Investigativa de El Tiempo, el operativo que permitió la incautación del dispositivo se llevó a cabo tras recibir alertas sobre comunicaciones no autorizadas dentro del establecimiento, lo que motivó una inspección a fondo. Durante la revisión también se encontraron otros dos teléfonos y varios aparatos electrónicos en celdas distintas.
La opinión del abogado defensor
Francisco Bernate, abogado defensor de la influenciadora, reconoció que el uso de celulares está expresamente prohibido en todos los centros de reclusión, independientemente del tipo de instalación. Sin embargo, aclaró que no habría un retorno inmediato a un penal común, como El Buen Pastor, debido a que su traslado fue respaldado por entidades del Gobierno Nacional.
“Daneidy Barrera no regresará a un centro de reclusión ordinario”, aseguró Bernate en diálogo con Blu Radio.
Además, explicó que este incidente no pasará desapercibido y que las autoridades encargadas enviarán un reporte al juez de ejecución de penas.
“La norma es muy clara y señala que este tipo de permisos están sujetos al buen comportamiento dentro del establecimiento y este tipo de reportes no permiten hablar de ese buen comportamiento. (...) Por experiencia, sé que a ellas le negarán permisos”, advirtió el abogado.
Posibles repercusiones
De acuerdo con el Código Penitenciario, las personas privadas de la libertad pueden acceder a beneficios como permisos temporales o libertad condicional una vez han cumplido cierta parte de su condena. No obstante, cualquier conducta considerada como infracción puede impedir el acceso a dichos beneficios.
Barrera, quien cumple una sentencia de cinco años y dos meses por actos vandálicos cometidos en noviembre de 2019 contra el sistema TransMilenio, fue trasladada el pasado 20 de agosto a una guarnición especial debido a complicaciones de salud y seguridad personal.
En el mismo centro donde se encuentra recluida también permanecen otras figuras públicas como Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, y Cielo González, exgobernadora del Huila.