La reforma tributaria presentada por el Gobierno de Gustavo Petro plantea un cambio estructural en el sistema fiscal colombiano al incluir, por primera vez, a las instituciones religiosas dentro del régimen ordinario del impuesto sobre la renta, siempre que desarrollen actividades con fines comerciales.
Esta propuesta, radicada el 1 de septiembre de 2025 en la Cámara de Representantes, busca recaudar $26,3 billones como parte de la financiación del Presupuesto General de la Nación para 2026, el cual asciende a $556,9 billones, una cifra histórica en el país.
Separación de actividades: el nuevo requisito fiscal para las iglesias
De acuerdo con el articulado, las iglesias deberán distinguir de forma clara los ingresos, costos, gastos y patrimonio provenientes de actividades económicas de aquellos generados por actos de culto o misión religiosa. Las prácticas como misas, oraciones y ceremonias litúrgicas seguirán exentas de impuestos.
Este enfoque diferenciador apunta a regular únicamente las operaciones mercantiles: arriendos, cafeterías, medios de comunicación, colegios privados, entre otros.
Radiografía económica del sector religioso
Según la DIAN, las iglesias reportaron ingresos por $8,06 billones en 2023, casi el doble de lo registrado en 2014. Su patrimonio líquido alcanzó los $11,4 billones en 2020, y el economista Salomón Kalmanovitz estimó recientemente que el patrimonio total ronda los $19 billones, equivalente al 2 % del PIB nacional.
Actualmente, cerca de 8.000 iglesias están registradas ante el Ministerio del Interior, y serían sujetas a esta nueva obligación fiscal si el Congreso aprueba la iniciativa.
Reacciones en contra desde sectores religiosos
La medida no ha estado exenta de críticas. La senadora Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres, expresó su rechazo categórico a través de su cuenta en X:
“En la reforma tributaria radicada hoy, el Gobierno pretende imponer una carga a las iglesias y confesiones, desconociendo su naturaleza no mercantil y su aporte social a la comunidad. Como en el 2022, volveré a dar la batalla para que no se impongan impuestos mediante leyes ordinarias improcedentes e inconstitucionales”.
Contexto fiscal y objetivos de la reforma
La decisión se da en un entorno marcado por la caída en la recaudación de impuestos. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, justificó la reforma como una medida para asegurar la estabilidad macroeconómica y garantizar los recursos del próximo año:
“Lo que estamos estructurando es una propuesta que nos garantice no solamente que financiamos el 2026, sino que estamos dando estabilidad macroeconómica a mediano plazo”.
Ávila también aseguró que el Gobierno busca proteger a los hogares más vulnerables:
“No se están tocando artículos de la canasta básica familiar. Buscamos evitar tocar a los estratos bajos y medios de la población con el fin de que el esfuerzo de tributación esté en los perfiles altos de los ingresos”.
Antecedentes: ¿una medida sin precedentes?
En realidad, este no es el primer intento del Ejecutivo para fiscalizar a las iglesias. En mayo de 2025, el Decreto 0572 ya había establecido cargas tributarias sobre actividades económicas como arrendamientos y educación, además de imponer retenciones sobre ofrendas y donaciones. Esa normativa fue vista por algunos sectores como una antesala a lo que hoy se discute en el Congreso.
Panorama legislativo incierto
El camino de esta reforma no será sencillo. El Ejecutivo no cuenta con mayorías sólidas en el Congreso, y ya enfrenta resistencia tras el fracaso de una iniciativa fiscal anterior, archivada en diciembre de 2024. No obstante, el Gobierno confía en que el nuevo enfoque sectorial logrará mayor respaldo político.