Los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Partido Liberal), radicarán en los próximos días la ponencia de fondo sobre la investigación contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. En el documento, se concluye que sí se violaron los topes de financiación establecidos por la ley y se propone una sanción directa al gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
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La propuesta, que será discutida por la Sala Plena del CNE, también plantea sanciones para otros responsables del equipo electoral, así como para los partidos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica. Según las indagaciones, el exceso en los topes de financiación alcanzaría los 3.500 millones de pesos, incluyendo la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
“Hemos completado un trabajo riguroso”, señalaron fuentes del CNE, anticipando que la ponencia contiene fundamentos técnicos y jurídicos sólidos.
Cambios en la composición del tribunal y efectos en la votación
La presentación de esta ponencia ocurre luego de la recusación de la magistrada Alba Lucía Velásquez, nominada por el Pacto Histórico, quien fue apartada del caso tras una votación 5-3. La decisión destrabó el proceso, ya que los magistrados Prada y Ortiz habían advertido que no presentarían el documento final hasta que se resolviera su participación.
La aprobación de la ponencia dependerá ahora del respaldo de 6 de los 9 magistrados del CNE. Aunque la salida de Velásquez parece facilitar su aprobación, la reciente incorporación de Álvaro Echeverry —nombrado tras la renuncia de César Lorduy— podría alterar la dinámica. Echeverry, cercano al gobierno y recordado por haber detectado irregularidades en el preconteo de votos del Pacto Histórico, podría convertirse en un voto decisivo o incluso ser objeto de una recusación similar.
¿Y el presidente Petro?
Aunque inicialmente el presidente Gustavo Petro figuraba entre los investigados, la Corte Constitucional dictaminó que el CNE no tiene competencia para juzgar al jefe de Estado. Por tanto, la responsabilidad legal recae exclusivamente sobre otros miembros del equipo de campaña:
- Ricardo Roa, gerente de campaña
- Lucy Aydée Mogollón, tesorera
- María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, auditores
- Colombia Humana y Unión Patriótica, como partidos responsables
Vencimiento de términos: otra carta en juego
Un elemento que podría inclinar la balanza es el argumento sobre el vencimiento de términos. La defensa del Pacto Histórico sostiene que ya transcurrieron los tres años previstos por el Código de Procedimiento Administrativo para cerrar la investigación, por lo que el expediente debería archivarse. Esta postura podría encontrar eco en sectores del tribunal, generando un nuevo debate jurídico.
La ponencia de Prada y Ortiz se convertirá en un punto de inflexión en el caso. Si es aprobada, abriría la puerta a sanciones que podrían tener efectos políticos, jurídicos y administrativos de largo alcance. Si es rechazada o archivada, el episodio quedaría como otro capítulo inconcluso en la fiscalización de las campañas presidenciales en Colombia.