Una nueva medida propuesta por el Gobierno Nacional podría impactar el bolsillo de ciertos consumidores de energía eléctrica. Se trata de un proyecto de decreto que contempla un aumento del 20% en el costo de la energía eléctrica para determinados sectores económicos y residenciales, entre ellos los estratos 5 y 6. El objetivo principal de esta propuesta es generar un recaudo estimado de 1.2 billones de pesos.
El borrador fue publicado para consulta ciudadana, permitiendo que diferentes actores puedan enviar comentarios antes de su implementación definitiva. La propuesta también contempla mecanismos de exención, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos que serán evaluados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
¿Qué implica la propuesta del Gobierno?
De acuerdo con el borrador del decreto, la medida aplicaría una contribución adicional del 20% sobre el valor de la tarifa de energía eléctrica, afectando principalmente a:
- Usuarios residenciales de estratos 5 y 6
- Consumidores de sectores económicos específicos
- Usuarios industriales que no cumplan con los criterios de exención
La administración central sostiene que este ajuste se enmarca en las facultades otorgadas por la reforma tributaria vigente, la cual incluyó disposiciones sobre tarifas diferenciadas para ciertos sectores económicos.
Sin embargo, el alcance real de la medida ha generado controversia entre expertos y exfuncionarios del sector energético.
Una interpretación polémica: alerta desde el sector energético
El exministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta, cuestionó la interpretación que el Gobierno está haciendo de la reforma tributaria. Según Acosta, el texto del decreto parece reinterpretar lo que ya había sido establecido legalmente como una exención para el sector industrial, ahora sometida a nuevos filtros.
“Tal como se está planteado en este borrador de decreto, se trata de una interpretación que está haciendo el Ministerio de Hacienda y la DIAN de la disposición contenida en una reforma tributaria mediante la cual se exoneró al sector industrial del pago de la contribución del 20% sobre la tarifa que le aplica para el consumo de energía en sus facturas”, explicó Acosta.
El exministro añadió que, si esta medida avanza, muchas empresas que hasta ahora se habían beneficiado de esta exención podrían quedar excluidas, al ser reevaluadas bajo nuevos criterios definidos por el Ejecutivo.
“De acuerdo con la propuesta se desprende que muchos de los que hoy son beneficiarios dejarían de serlo, puesto que en esta interpretación se está tratando de establecer una reclasificación de quiénes pueden optar por este beneficio y quiénes no”, afirmó.
Los nuevos criterios de exención y su fiscalización
Uno de los aspectos centrales de la propuesta radica en el establecimiento de nuevos requisitos para solicitar la exención de la sobretasa. Aunque aún no se conocen todos los detalles técnicos, el decreto deja claro que la DIAN será la entidad responsable de evaluar si un usuario industrial califica o no para mantener el beneficio.
Esto significa que aquellos usuarios que, a juicio de la autoridad tributaria, no cumplan con los criterios establecidos, deberán asumir un incremento del 20% en su factura eléctrica.
“Aquellos usuarios que a juicio de la DIAN no deben ser beneficiarios, pues les tocará empezar a pagar un 20% más por kilovatio hora consumido de energía”, indicó Acosta.
Supervisión y control de la medida
El borrador también plantea mecanismos de seguimiento y control. Según el documento, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios será la entidad encargada de fiscalizar la correcta aplicación de la medida, en coordinación con las empresas de energía eléctrica.
Estas empresas deberán reportar de forma periódica (trimestralmente) la relación de usuarios industriales que hayan sido facturados bajo esta nueva tarifa, utilizando el Sistema Único de Información (SUI) o el mecanismo que disponga la Superintendencia.
Reacciones mixtas frente a la propuesta
La posibilidad de incrementar el costo de la energía para ciertos sectores ha generado un debate abierto entre actores económicos, expertos en regulación y ciudadanos. Por un lado, algunos analistas sostienen que la medida busca fortalecer el recaudo tributario del Estado en un contexto de alta necesidad fiscal.
Por otro lado, sectores empresariales advierten sobre el riesgo de afectar la competitividad del aparato productivo, especialmente en un momento en que muchas industrias enfrentan costos crecientes por la inflación energética y la transición hacia fuentes renovables.
Esta propuesta se presenta en un escenario en el que Colombia avanza hacia la diversificación de su matriz energética. Según reportes recientes, el país ya ha alcanzado los 3 gigavatios de capacidad instalada en fuentes de energías limpias, como parte de sus compromisos climáticos.
Paralelamente, proyectos como Windpeshi, liderado por Ecopetrol en La Guajira, continúan desarrollándose como parte de una apuesta nacional por la autosuficiencia energética con enfoque sostenible.
El incremento del 20% en la tarifa de energía eléctrica para ciertos sectores, en caso de ser aprobado, representa un cambio importante en la política energética y tributaria del país. Aunque el objetivo fiscal del Gobierno es claro —recaudar $1.2 billones—, la forma en que se implemente esta medida y los criterios de exención definirán su impacto económico y social.
Mientras tanto, el decreto continúa en etapa de comentarios y ajustes, pero el debate ya está servido. ¿Es esta una medida justa de redistribución del costo energético o un golpe adicional a sectores estratégicos?