Un nuevo informe de la Defensoría del Pueblo de Colombia pone en evidencia una preocupante escalada de violencia en los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar, ubicados estratégicamente en la cordillera occidental del departamento del Valle del Cauca. Estos territorios han adquirido creciente importancia para organizaciones armadas ilegales debido a su ubicación geográfica, que conecta con el Cañón de Garrapatas y facilita el tránsito hacia rutas del Pacífico, empleadas para el tráfico de drogas, armas e insumos ilegales.
El documento alerta sobre el aumento de acciones armadas, homicidios selectivos, instalación de explosivos y amenazas directas a comunidades rurales y urbanas. La presencia intermitente del Estado, sumada al dominio de actores armados en zonas clave, ha contribuido a una grave crisis de seguridad y riesgo humanitario.
Una región atrapada entre múltiples actores armados
Los grupos armados ilegales que operan en esta región han desplegado diversas estrategias para controlar territorios, rentas ilícitas y corredores estratégicos. Entre ellos destacan:
- Ejército Gaitanista de Colombia (EGC): con presencia consolidada desde 2023, domina actividades como extorsión, amenazas, control territorial, desplazamientos forzados y presuntos casos de vinculación de menores de edad.
- Nuevo EMC – Frente Jaime Martínez (Comisión ‘Wilson González’): en proceso de expansión hacia Riofrío y Trujillo desde inicios de 2025. Ha recurrido a tácticas de inteligencia sobre la población civil y el uso de artefactos explosivos improvisados (AEI).
- Ejército de Liberación Nacional (ELN): histórico actor del Cañón de Garrapatas, mantiene estructuras armadas con capacidad de confrontar o frenar el avance de otros grupos.
- Rastrojos Nueva Generación: organización criminal en reconfiguración que ha irrumpido en Bolívar y Trujillo con enfrentamientos armados, extorsiones y homicidios selectivos como mecanismo de consolidación.
Dinámicas de confrontación que elevan el riesgo inminente
El documento de la Defensoría describe tres dinámicas activas en la región, que reflejan la disputa entre facciones armadas y sus posibles consecuencias:
- Nuevo EMC vs. EGC: se anticipa una posible confrontación directa por el control del Cañón de Garrapatas. Esta disputa implica amenazas a líderes sociales, uso de AEI y homicidios.
- Rastrojos Nueva Generación vs. EGC: la lucha por el control territorial se ha centrado en áreas rurales como el corregimiento de Venecia (Trujillo) y sectores de Bolívar, alejados del ingreso al Cañón.
- Avance del Nuevo EMC hacia zonas estratégicas: este grupo intenta expandirse hacia La Sonora (Trujillo) y Naranjal (Bolívar), donde podría enfrentar directamente al EGC o establecer una alianza táctica con el ELN. Las consecuencias de este movimiento podrían incluir homicidios selectivos, desplazamientos y presiones sobre organizaciones comunitarias.
Grupos vulnerables, los más afectados por la expansión armada
El deterioro de la seguridad ha generado un impacto diferenciado en diversas poblaciones, que ahora enfrentan graves riesgos humanitarios:
- Pueblos indígenas Embera Chamí (resguardos Kipara y Drúa Do, asentamientos Dachiní y Dai Eadebena): recientemente desplazados y bajo presión para permitir el tránsito de actores armados.
- Niños, niñas y adolescentes (NNA) y comunidad educativa: expuestos a enfrentamientos cerca de escuelas, con alta vulnerabilidad ante el reclutamiento forzado, violencia sexual y confinamientos.“El riesgo de reclutamiento forzado, confinamiento y violencia sexual, particularmente hacia niñas y adolescentes, se mantiene en niveles alarmantes” – Defensoría del Pueblo.
- Mujeres rurales: sufren de manera desproporcionada las consecuencias de la violencia, incluyendo riesgos de feminicidio, agresiones sexuales y desprotección institucional.
- Liderazgos sociales y Juntas de Acción Comunal: blanco de amenazas, coacciones y señalamientos cruzados entre los actores armados.
- Juventudes rurales: se enfrentan a presiones para integrarse a grupos armados ilegales o ser víctimas de violencia selectiva.
- Familias desplazadas: casos como el de 40 hogares campesinos de Dos Quebradas evidencian la fragilidad en la protección de quienes ya han sido expulsados de sus territorios.
Posibles escenarios: más violencia y emergencia humanitaria
El análisis proyecta un panorama sombrío en caso de no implementarse acciones urgentes:
- Incremento de homicidios múltiples y selectivos tanto en zonas rurales como urbanas.
- Mayor uso de AEI en cascos urbanos, afectando la vida cotidiana de las comunidades.
- Alianzas tácticas inestables entre EMC y EGC contra el ELN, que podrían derivar en rupturas violentas.
- Afectaciones al sistema educativo, con posibles cierres de escuelas y pérdida del derecho a la educación.
- Confinamientos y desplazamientos masivos, con impacto severo en mujeres, niños, indígenas y comunidades rurales.
Recomendaciones institucionales ante la crisis
La Defensoría propone una serie de medidas urgentes para contener la crisis y proteger a las comunidades en riesgo:
- Coordinación interinstitucional efectiva, liderada por el Ministerio del Interior, para articular un plan de acción con enfoque diferencial y seguimiento riguroso.
- Refuerzo de la presencia de la Fuerza Pública, con patrullajes permanentes, control de corredores estratégicos y planes de seguridad urbana.
- Protección especializada para poblaciones vulnerables, bajo liderazgo del ICBF y entidades como la Consejería Presidencial para los DDHH, la UNP y las secretarías locales.
- Atención humanitaria inmediata, con enfoque étnico y de género, a cargo de la Unidad para las Víctimas (UARIV).
- Judicialización de responsables de crímenes graves, mediante la acción de la Fiscalía General y unidades móviles de investigación.
- Supervisión y acompañamiento por parte del Ministerio Público, con misiones humanitarias y vigilancia activa del cumplimiento de medidas.
La situación en Riofrío, Trujillo y Bolívar representa una alerta sobre el resurgimiento de dinámicas de conflicto armado en regiones históricamente golpeadas por la violencia. La presencia y confrontación entre múltiples grupos armados, sumada a la débil capacidad estatal de respuesta, plantea un desafío urgente para las autoridades nacionales y regionales. Sin acciones coordinadas y efectivas, la población civil seguirá expuesta a una espiral de violencia, vulneraciones y desarraigo.