La desaparición de Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down, ha encendido las alarmas en Cajicá (Cundinamarca) y ha generado fuertes cuestionamientos hacia el colegio donde fue vista por última vez. La menor desapareció el pasado 13 de agosto durante su jornada escolar en el Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda Río Frío. A más de una semana del hecho, persisten las dudas sobre la gestión institucional y la integridad del lugar de los acontecimientos.
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El abogado de la familia Afanador, Julián Quintana, señaló directamente a la institución educativa como presunta responsable de lo ocurrido. Afirmó que hubo modificaciones estructurales dentro del plantel que podrían haber interferido con la investigación.
“Debe haber un responsable, el cual, sin duda alguna, es el colegio, desde la rectora hasta el portero, porque ellos son los garantes por su protección y supervisión”, expresó Quintana, de acuerdo a lo citado por Infobae.
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Manipulación del lugar: un obstáculo para la investigación
En recientes declaraciones, el representante legal denunció que se realizaron cambios visibles en el entorno del colegio, como la reparación de rejas, la instalación de nuevos cercos y el relleno con tierra en zonas clave. Según Quintana, estas acciones se habrían ejecutado después de la desaparición de la menor, lo que comprometería la recolección de pruebas forenses.
“Es muy negativa para la investigación. El colegio tapó todos los huecos y los rellenó con tierra, lo que habría dificultado la labor de los investigadores”, añadió.
Secuestro planeado: hipótesis cobra fuerza
La familia descarta una desaparición accidental y se inclina hacia una teoría más alarmante: un posible secuestro planificado. El abogado aseguró que la ausencia de rastros tanto en el colegio como en el cercano río Frío, donde se centraron las primeras labores de búsqueda, refuerza esta línea investigativa.
“Cuando uno hace un análisis indiciario de los hechos, no existe un solo rastro de la niña. Eso no es común”, indicó.
El concepto de un “rapto quirúrgico” fue planteado como posible explicación, señalando que podría tratarse de alguien familiarizado con el sector o incluso vinculado con la comunidad educativa.
Reacciones del colegio y medidas adoptadas
Ante la presión pública, el colegio implementó medidas adicionales de seguridad antes del retorno a clases. Estas incluyen:
- Aumento del patrullaje en los alrededores.
- Revisión e instalación de cámaras de seguridad.
- Dispositivos de vigilancia cerca del río colindante.
- Acompañamiento psicosocial para la comunidad estudiantil.
A pesar de ello, algunas familias expresan temor y desconfianza sobre la seguridad en el plantel. El caso ha impactado fuertemente el ánimo de estudiantes, padres y docentes, y varias voces de la comunidad exigen transparencia total en el proceso.
Búsqueda activa y recompensa vigente
Las autoridades continúan con las labores de búsqueda, lideradas por el Gaula, la Sijín y el CTI, que han ampliado el radio de inspección hasta seis kilómetros alrededor del punto de desaparición. Si bien inicialmente se enfocó la atención en el cauce del río Frío, los organismos de socorro ya han descartado en un 95 % la hipótesis de que la menor haya caído al afluente.
Una recompensa de 70 millones de pesos sigue activa para quien entregue información certera sobre el paradero de Valeria.
Un llamado urgente a la verdad
“En Colombia desaparece una niña y en menos de diez días ya están dando clases y contaminando una escena del crimen. Eso no puede ser posible. Este tipo de casos no deben pasar desapercibidos”, concluyó Quintana.
La familia de Valeria exige que se mantengan abiertas todas las líneas de investigación y que las autoridades actúen con celeridad. Mientras tanto, Cajicá permanece en vilo, con una comunidad que no cesa en su búsqueda y que clama justicia por la niña que aún no regresa a casa.