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Gobierno evalúa declarar estado de conmoción interior tras ataques en Cali y Antioquia

Por el momento, la ciudad de Cali está militarizada e investigando los preocupantes ataques que enlutan a la ciudad

De sus polémicas afirmaciones dos fueron catalogadas como falsas.
Gustavo Petro en la instalación del congreso. Gustavo Petro en su última instalación del Congreso (Foto: @AndresCamiloHR)

El Gobierno Nacional analiza la posibilidad de declarar el estado de conmoción interior, luego de los recientes hechos de violencia que han sacudido al país. Entre ellos, el atentado con carro bomba en inmediaciones de la Escuela Marco Fidel Suárez en Cali, que dejó al menos seis personas muertas, y el ataque con explosivos lanzados desde un dron contra un helicóptero de la Policía Nacional en Antioquia.

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Después del atentado, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, expresó su rechazo a lo ocurrido y ofreció una recompensa de hasta 400 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan identificar y capturar a los responsables. El mandatario hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de tener información sobre este ataque o sobre la preparación de otros, la reporten a la línea 123, donde se ofrece la recompensa por datos que faciliten la captura y judicialización de los culpables.

¿Qué es el estado de conmoción en Colombia?

El estado de conmoción interior es una medida excepcional contemplada en la Constitución de Colombia. Permite al presidente de la República asumir facultades especiales y temporales para hacer frente a situaciones que alteran gravemente el orden público y ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos o de las instituciones del Estado.


Cuando se decreta, el Ejecutivo puede expedir decretos con fuerza de ley, imponer restricciones específicas y adoptar medidas extraordinarias de seguridad, siempre bajo la revisión y control de la Corte Constitucional y el Congreso.

Este recurso solo puede aplicarse en circunstancias extremas, como ataques terroristas, graves alteraciones del orden público o amenazas a la estabilidad institucional, y tiene una duración inicial de 90 días, prorrogable bajo ciertas condiciones.

En este contexto, la evaluación del Gobierno busca determinar si la gravedad de los ataques ocurridos justifica la implementación de este mecanismo, con el fin de restablecer la seguridad y garantizar la protección de la ciudadanía en medio de la crisis.

       

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