La masacre registrada el pasado 19 de agosto en un centro vacacional de la vereda San Ramón, en Mesitas del Colegio (Cundinamarca), sigue generando impacto y nuevas revelaciones. Tres personas de una misma familia fueron asesinadas por sicarios que, según los primeros indicios, habrían actuado por encargo en un presunto ajuste de cuentas entre organizaciones delictivas con base en Bogotá.
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Las autoridades identificaron a las víctimas como Anguel Natalia Vaca Santamaría (24 años), Sol Margarita Morales Lara (67 años) y Giovanni Javier Chivatá Daza (44 años). Además, tres personas más resultaron heridas: Jhon Jairo Vélez Rodríguez, Luis Alberto Rodríguez Ardila y Claudia Teresa Rodríguez, quienes permanecen bajo atención médica.
Investigaciones apuntan a vínculos con microtráfico y otros delitos graves
Aunque las víctimas eran conocidas públicamente como comerciantes de Sanandresitos e incluso como profesionales, el avance en las investigaciones ha destapado un historial delictivo significativo en al menos dos de los fallecidos.
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Una fuente judicial aseguró que Giovanni Chivatá Daza integraba una red dedicada al robo de carros de valores. “Era miembro de una red dedicada al robo de carros de valores. En uno de sus intentos de hurto se enfrentaron a disparos con unos policías en el sur de Bogotá. En ese hecho mataron a uno de los uniformados”, detalló en El Tiempo.
Ese uniformado era el intendente Erick Johan Cruz Gutiérrez, comandante del CAI de Arborizadora Alta, asesinado en julio de 2019 durante un operativo en el barrio Nueva Candelaria. Chivatá estaba siendo investigado por su presunta participación en ese crimen.
Además, ya contaba con antecedentes: en 2012 fue condenado a cinco años de prisión por porte ilegal de armas y uso indebido de uniformes de la Policía, tras un preacuerdo con la Fiscalía.
Una vida marcada por el narcotráfico
Sol Margarita Morales Lara, suegra de Chivatá, también tenía un largo historial judicial. Según información obtenida por las autoridades, lideraba una red de microtráfico con operaciones desde la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. Su prontuario incluye dos condenas por tráfico de estupefacientes, una en 2005 y otra en 2016, esta última por concierto para delinquir agravado. Ambas penas las pagó en la cárcel El Buen Pastor.
Incluso, la vivienda que habitaba, ubicada en el barrio Jerusalén y propiedad de su exesposo, Luis Alberto Rodríguez (herido en el ataque), fue identificada como una “olla” de expendio de drogas, objeto de varias incautaciones y actualmente en proceso de extinción de dominio.
Una masacre con múltiples móviles posibles
El alcalde de Mesitas, Diego López Suárez, descartó la participación de grupos armados ilegales en esta masacre y afirmó en El Tiempo que “la hipótesis del múltiple crimen es una vendetta entre bandas criminales que operan en Bogotá”.
Las autoridades ahora concentran sus esfuerzos en identificar a los cuatro sicarios que, a bordo de motocicletas, ejecutaron el ataque con armas de calibre 9 milímetros. El caso continúa en desarrollo y es considerado una prioridad para esclarecer posibles nexos con estructuras criminales más amplias.