Familiares, amigos y conocidos del subintendente Franke Esley Hoyos Murcia y del patrullero Yordyn Fabián Pérez Mendoza se reunieron en las últimas horas en la Plaza de Bolívar, justo frente al Congreso de la República, para exigir su liberación tras ser secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) en zona rural de Arauca.
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Este 20 de agosto ambos miembros de la Fuerza Pública cumplieron un mes en cautiverio. El pasado domingo 20 de julio ambos fueron detenidos ilegalmente por el Eln en la vía que comunica a Arauca con el municipio de Tame. Pocos días después, el grupo armado se atribuyó el secuestro a través de un video que fue difundido en su página web.
En la grabación señalaron que los dos policías fueron secuestrados por el Frente de Guerra Oriental del Eln. En el momento en el que los retuvieron estaban adelantando labores de investigación criminal. En el mensaje que grabó el Eln durante su cautiverio, los uniformados les pidieron a las autoridades interceder para lograr su liberación.
“Solicito a la señora fiscal general de la Nación (Luz Adriana Camargo), al señor director de Investigación Criminal y al presidente de la República que realicen todos los trámites correspondientes para nuestra pronta liberación. De igual manera, solicito al señor ministro de la Defensa y a las Fuerzas Militares no realizar ninguna operación militar, esto con el fin de salvaguardar nuestra vida y nuestra integridad”, aseguró el subintendente Franke Hoyos en el video que grabó el Eln.
Además, le envió un afectuoso mensaje a su padre, su madre, su esposa, sus hermanos y sus dos hijos.
Ante la impotencia por la falta de claridad sobre el paradero del subintendente y el patrullero, los familiares y allegados a los policías hicieron una manifestación pacífica frente al Congreso de la República. Al evento también asistió el representante a la Cámara del Centro Democrático José Jaime Uscátegui, quien se unió a las voces que exigen la liberación de los dos policías.
Uscátegui también se refirió a la hipótesis que había esbozado el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien el pasado 6 de agosto había señalado que los dos policías y otros dos militares secuestrados por el Eln habían sido ilegalmente trasladados hacia Venezuela.
“Cinco uniformados permanecen secuestrados. Tres miembros de nuestro Ejército Nacional y dos integrantes de nuestra Policía Nacional. Dos soldados en el Catatumbo que sabemos, tenemos información, de que estarían en Venezuela secuestrados por el cartel del Eln. Dos policías en Arauca que también los movieron a Venezuela, también secuestrados por el cartel del Eln”, sostuvo el ministro Pedro Sánchez.
En esa intervención, Sánchez indicó que también hay otro soldado del Ejército Nacional que resultó siendo secuestrado por las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco en el departamento del Cauca.
Pese a todo, durante la velatón que se hizo en la Plaza de Bolívar, el congresista José Jaime Uscátegui compartió una información que generó dudas sobre la versión compartida por el ministro de Defensa.
“Ahorita colgábamos con el comandante de la Dijín y me dice que esa información de que (los uniformados secuestrados) están en Venezuela son especulaciones y no hay certeza. Por eso, desde aquí les pedimos a los captores que nos entreguen una prueba de supervivencia, que los liberen de inmediato”, sostuvo Uscátegui.
Adicionalmente, señaló que oficiarán a múltiples entidades para trabajar conjuntamente en la liberación de los uniformados, entre ellas la Defensoría del Pueblo, la iglesia católica y la Cruz Roja.
La guerra que se libra en Arauca
Desde el 2021 el departamento de Arauca registra una intensa guerra entre el Eln y las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central (Emc) que además de enfrentarse entre sí también han protagonizado múltiples ataques contra la Fuerza Pública.
De acuerdo con los datos recopilados por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), Arauca se convirtió en el tercer departamento con más civiles víctimas de confinamiento forzado, un fenómeno que afectó a más de 10.000 ciudadanos.
Organizaciones como Médicos Sin Fronteras han alertado por el recrudecimiento del conflicto en esta región del país y han señalado que estas hostilidades entre grupos armados han puesto aún más barreras para que las poblaciones civiles accedan a sus derechos fundamentales.
“Los servicios centralizados en las cabeceras municipales resultan poco efectivos. Aunque los prestadores de salud realizan a veces clínicas móviles en algunas zonas periféricas no se proporcionan todos los medicamentos necesarios durante esas visitas. Los pacientes deben trasladarse a las cabeceras para reclamar los medicamentos prescritos. Pero no pueden hacerlo por las restricciones de movilidad derivadas del conflicto o escasez de recursos”, indicó Alejandro Matos, coordinador de Médicos Sin Fronteras en la región, en un pronunciamiento publicado en junio pasado.