El régimen de Nicaragua ha negado la solicitud de extradición de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), requerido por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según reportes de Blu Radio, Nicaragua no solo negó la extradición, sino que también le habría otorgado asilo al exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro.
La negativa de extradición y el trámite de circular roja
La solicitud de extradición de Carlos Ramón González, imputado por los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos, había sido tramitada el fin de semana por el Gobierno colombiano a través de una nota de urgencia. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, confirmó que ante la negativa de Nicaragua, se está tramitando una circular roja de Interpol contra el exfuncionario. Montealegre aseguró que la decisión de la Interpol “suele ser rápida”.
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De acuerdo con el tratado de extradición vigente entre Colombia y Nicaragua, la entrega solo puede ser negada en casos de delitos políticos o cuando no se cumple el principio de doble incriminación. El ministro afirmó que en el caso de González se cumplen “todos los presupuestos del tratado”. Cabe recordar que Carlos Ramón González salió del país y permanece en Nicaragua desde el 5 de noviembre de 2024. A pesar de haber sido imputado por la Fiscalía, la Embajada de Colombia en Managua solicitó en mayo de 2025 la renovación de su permiso de residencia, con vigencia hasta junio de 2025. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó su captura el 3 de julio de 2025.
El caso de corrupción de la UNGRD: un entramado de desvío de recursos
El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha sido calificado por la Fiscalía General de la Nación como uno de los mayores entramados de corrupción en los últimos años. Este caso, que ha escalado a un nivel de interés público y judicial, se centra en el presunto desvío de millonarios recursos destinados a la atención de emergencias y desastres en el país.
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Según la Fiscalía y la Procuraduría, las investigaciones se iniciaron tras las denuncias por irregularidades en la contratación de “carrotanques” para llevar agua potable a la población de La Guajira. Se descubrió que los contratos se habrían adjudicado con sobrecostos exorbitantes y sin los estudios técnicos necesarios, lo que generó un desfalco millonario.
Los exdirectores de la entidad, Sneyder Pinilla y Olmedo López, se han convertido en testigos clave de la Fiscalía y han salpicado con sus declaraciones a varios funcionarios del gobierno, congresistas y directores de partidos políticos, señalándolos de haber recibido sobornos y participar en la malversación de fondos. El caso de Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, se vincula a este entramado por su presunta participación en la orquestación de la red de corrupción.