En entrevista con PUBLIMETRO, el exgobernador de Nariño y ahora precandidato presidencial Camilo Romero se refirió a la posibilidad de participar en una consulta con el Pacto Histórico, al proceso penal que se abrió en su contra y a los desafíos de cara a las elecciones del 2026.
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Tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay, ¿usted como precandidato presidencial siente que sus condiciones de seguridad están garantizadas?
Después del atentado (contra Miguel Uribe Turbay) se dio una reunión en la Casa de Nariño a la que asistí, que se conoce como Comisión de Garantías Electorales. Allí estuvimos y se tomaron ciertas medidas. En mi caso, todavía falta el tema de la Policía. Y estamos esperando que eso se dé de una forma pronta.
Es un ambiente de zozobra, complejo, que no es normal. Insisto en esto: Colombia no puede considerarse un país democrático con estos niveles de violencia y con estos niveles de desigualdad. Somos un país inviable si no superamos la violencia y no superamos la desigualdad.
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Usted dijo que aún no descarta la posibilidad de participar en la consulta del Pacto Histórico. ¿Cuáles son los factores que influyen en esa decisión?
El presidente de la República ha convocado a un frente amplio que es más allá de la izquierda. Esto tendrá que definir una candidatura en el mes de marzo de 2026. Mi horizonte siempre fue -cuando hablé con él en Montevideo, renuncié a la Embajada (de Colombia en Argentina) y vine acá-, en marzo, en la construcción del frente amplio. Pero me encuentro con que el Pacto Histórico, el colectivo más afín al presidente va a hacer una consulta en el mes de octubre de este año. Entonces, los motivos de por qué no descarto meterme en octubre son dos. Primero, quiero saber si se da o no. Es una decisión del Consejo Nacional Electoral en la medida en la que están estudiando la fusión de varios partidos del sector progresista. Y dos, porque hay mucha gente del Pacto que nos está acompañando y tomó la decisión de vincularse a nuestra campaña.
Recientemente, el también precandidato presidencial del Pacto Histórico Gustavo Bolívar mencionó que uno de los criterios éticos que debería utilizarse en esas consultas es revisar si los precandidatos presidenciales tienen imputaciones. Se refería al caso específico del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. ¿Usted considera que ese tipo de líneas rojas debería tomarse en cuenta a la hora de decidir si se permite la participación en la consulta?
Yo creo que si en Colombia hubiéramos alcanzado ese nivel de democracia... lo que ha ocurrido en nuestro país y en América Latina es sencillo comprender que la justicia también se usa para eliminar contrarios. No debería ser en una democracia, pero son realidades que se van imponiendo. Así que Bolívar, el hombre que escribió un libro como ‘Así se roban las elecciones en Colombia’... Son realidades que sobrepasan la democracia.
En mi caso, hay un contexto. Al presidente Gustavo Petro lo sacaron de la Alcaldía de Bogotá después de un proceso en la Procuraduría.
Sí, pero no fue por la vía judicial...
En la Procuraduría de Ordóñez, desde lo disciplinario. Entonces ahí entró en juego el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y demás.
En nuestro caso coincidió el tiempo en el que fui gobernador con un tipo nefasto desde la Fiscalía: el señor Néstor Humberto Martínez. Un tipo que fue capaz no solo de entrampar la paz, sino que además entrampó la democracia. Tiró una red para agarrar gobernadores. Para que se obliguen a votar por Germán Vargas Lleras a cambio de un chantaje: en el año 2018, o se alineaban con Vargas o tenemos investigaciones para llevarlos a la cárcel. Todos negociaron con ellos. Aquí está quien no negoció con ellos. Yo tengo un proceso penal de Néstor Humberto Martínez.
¿Cómo va a financiar su campaña a la Presidencia?
Mire, nosotros no hemos hecho política para enriquecernos. Fui senador, gobernador y embajador. Hoy puedo decirlo con tranquilidad: vivo en un estudio arrendado en Bogotá y mis hijos viven con su mamá también en un apartamento arrendado acá en Bogotá. Es decir, nosotros no hacemos parte de quienes asumen la política como un botín, sino que hacemos política para cambiar este país. Ahí tenemos una demostración, una coherencia, por eso le digo que es muy clave para el momento que vive el país saber quiénes hacen una política esencial y quiénes hacen una política circunstancial.
Nosotros, cuando fui senador, montamos la primera y única oficina pública abierta y visible que ha existido en Colombia. Cuando fui gobernador montamos el primer y único gobierno abierto que ha existido en este país, no ha existido otro. Ni siquiera en los sectores alternativos. Que la gente pueda tener en su celular una aplicación para saber cómo va ese gobierno, cuánto dinero hay, a qué dependencias va.
¿Usted conoce un gobierno en donde se publique cuánto ganan y hasta cuánto tienen en las cuentas de ahorro los funcionarios? Eso no existe y nosotros lo hicimos así hace casi 10 años, cuando empecé en 2016.
¿Cómo replicar eso al nivel nacional? En un gobierno nacional la cantidad de funcionarios es mucho más grande...
Lo primero es voluntad política y lo segundo es un tema tecnológico. Imagínese cuánto hemos avanzado en nueve años y yo lo hice en la Gobernación del departamento de Nariño. Por ejemplo, otra de las herramientas se llamaba ‘Gana PAE’. Como no teníamos cómo contratar un supervisor para cada institución educativa, lo que hicimos fue una aplicación para que fuera la comunidad educativa la que nos reportara cómo llegaba y nos mandara fotografías de cómo llegaba la alimentación de los niños para evitar la corrupción.
Lo que le propongo a Colombia es que cada ciudadano tenga el control del gobierno en su celular. Una aplicación donde sepa, por ejemplo, cuánto dinero le corrresponde a cada Ministerio, cómo va la ejecución en cada uno. Que no nos sorprendan diciendo que el Ministerio de la Igualdad va con el 2 % de la ejecución.
Usted fue embajador de Colombia en Argentina durante el actual gobierno. ¿Qué políticas continuaría y cuál considera que fue el mayor error de esta administración?
Esto en contexto significa que va a haber tres años de un primer gobierno alternativo y progresista que llega a unas instituciones enquistadas. No es cualquier cosa. Eso causa un choque, un cisma. Hay un movimiento telúrico, si me permite el término, de lo que ocurre en la democracia, en la sociedad colombiana y en la clase política de este país. ¿Qué pasó aquí? Yo creo que lo que más hay que mantener de este gobierno es una decisión, una voluntad política de jugarse un gobierno por la gente y por la ciudadanía.
Para poner un ejemplo: la reforma laboral para mí es una demostración contundente y plena de que por primera vez hay un gobierno que quiere jugársela por la gente y vimos a una clase política enquistada, rodeada de criminalidad y mafia dentro del Congreso de la República, convirtiéndolo en una máquina de estafa y extorsión. Han sido la gente y la ciudadanía las que han respaldado ese tipo de iniciativas para que puedan ser una realidad.
Entonces, creo que hay que mantener esa esencia. ¿Y qué creo que hay que cambiar? Para mí, lo que hay que implementar es un modelo de gestión de gobierno que dé confianza a la ciudadanía. Que la gente pueda saber cómo va su gobierno, que pueda ayudarnos a controlar este tema de la corrupción, que ya no es un problema ideológico. Es un tema de decencia humana.