A pocos días de que el pastor Alfredo Saade asumiera su nuevo cargo como embajador de Colombia en Brasil, se conoció que la Procuraduría General de la Nación tenía preparada una medida disciplinaria en su contra. Según fuentes oficiales, el Ministerio Público había concluido en la fase de instrucción de un proceso que Saade debía ser suspendido provisionalmente por tres meses, cuando aún se desempeñaba como jefe de despacho del presidente Gustavo Petro.
La decisión se sustentaba en presuntas extralimitaciones de funciones por parte de Saade en relación con el nuevo modelo de expedición de pasaportes. La Procuraduría consideró que su comportamiento comprometía la autonomía de la Cancillería y ponía en riesgo la legalidad del proceso.
Instrucciones fuera de sus competencias
De acuerdo con el expediente, el exjefe de despacho habría impartido órdenes a funcionarios de la Cancillería sin contar con competencia jerárquica para hacerlo.
“Las intervenciones de Saade Vergel se apartan del respeto por la autonomía de las entidades, en este caso, su comportamiento presuntamente excede las funciones de articulación que como Jefe de Despacho Presidencial, le son encomendadas”, señala el documento.
Entre los testimonios recogidos se encuentran los del viceministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Jaramillo Jassir, y el jefe jurídico de la Cancillería, Camilo Escobar, quienes relataron reuniones en las que Saade dio instrucciones directas, sin respetar la jerarquía institucional.
Escobar incluso manifestó sentirse “agredido” por Saade, al recordar una discusión en la que el entonces jefe de despacho insinuó que había intereses ocultos dentro de la Cancillería para favorecer a Thomas Greg & Sons, empresa que había operado durante años el contrato de pasaportes.
“Aquí va a haber consecuencias porque aquí hay abogados de Thomas Greg y el nuevo modelo... yo recuerdo que le dije, eso no es cierto director, eso no es cierto”, relató Escobar, agregando que fue necesario llamarlo al respeto.
Jaramillo, por su parte, relató que Saade les sugirió “racionalizar” las citas para pasaportes —es decir, reducirlas— lo cual habría puesto en riesgo la atención a la ciudadanía.
Proceso disciplinario sigue en pie
A pesar de haber dejado el cargo en la Presidencia, la Procuraduría mantiene el proceso contra Saade, quien podría enfrentar sanciones como la suspensión e incluso la inhabilitación para ejercer cargos públicos en caso de ser hallado responsable.
El traslado diplomático no detiene la acción disciplinaria. El Ministerio Público argumenta que mantenerlo en un cargo público, incluso en el exterior, no elimina el riesgo de reiteración de conductas indebidas ni la necesidad de proteger el principio de legalidad en la función pública.
Saade, conocido por su cercanía con el presidente Petro y su activismo político, ha sido una figura polémica en los círculos del Gobierno. Su nombramiento como embajador en Brasil generó críticas por parte de sectores que cuestionan su idoneidad para el cargo, y ahora, con este proceso en curso, su llegada a la diplomacia queda bajo un manto de incertidumbre jurídica y política.