La decisión judicial, que ha dividido a la opinión pública, llega en un momento crucial para el proceso que enfrenta Álvaro Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. El fallo del Tribunal Superior de Bogotá revoca la medida de aseguramiento que pesaba sobre el expresidente, lo que le permite permanecer en libertad mientras se resuelve su apelación en segunda instancia.
Para el senador Iván Cepeda, esta determinación es problemática. “Siempre hemos respetado y acatado las decisiones judiciales, por supuesto respetamos esta, pero no la compartimos”, aseguró a medios. La declaración de Cepeda subraya una profunda desconfianza en la imparcialidad del proceso, especialmente tras el contundente fallo en primera instancia de la jueza 44, Sandra Heredia, quien lo había condenado a 12 años de cárcel.
Las acusaciones de “presión a la justicia”
El senador Cepeda elevó la tensión al señalar que el expresidente Álvaro Uribe ha estado ejerciendo presión sobre el sistema judicial. “Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia”, aseguró Cepeda. Esta acusación, que no es nueva en el contexto del litigio entre ambos, sugiere que, a su juicio, la libertad de Uribe no es producto de una simple revisión legal, sino de una influencia indebida sobre los procesos.
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Aunque Cepeda no especificó a qué “acciones de presión” se refería, sus palabras resuenan en un ambiente político altamente polarizado, donde cada decisión judicial relacionada con el expresidente es analizada con lupa por sus defensores y sus detractores. El senador, quien ha sido un actor central en el proceso judicial contra Uribe, considera que esta decisión es un revés en la búsqueda de justicia en un caso que ha acaparado la atención nacional e internacional por varios años.
El caso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal se ha convertido en uno de los procesos más largos y complejos en la historia reciente de Colombia. A continuación, se presenta un resumen de su desarrollo con base en fuentes judiciales y oficiales.
Origen del caso: La denuncia de Uribe contra Cepeda
El caso se remonta a 2012, cuando el entonces senador Álvaro Uribe denunció al congresista Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. Uribe acusaba a Cepeda de haber visitado cárceles para ofrecer beneficios a exparamilitares a cambio de testimonios falsos en su contra, que lo vincularan con el paramilitarismo. La investigación de este caso recayó en la Corte Suprema de Justicia, dado el fuero de congresistas de ambos.
El giro de la investigación y la vinculación de Uribe
Tras analizar las pruebas y las comunicaciones, la Corte Suprema de Justicia no encontró evidencia de que Iván Cepeda estuviera manipulando testigos. Por el contrario, en 2018, la Corte decidió archivar el proceso contra Cepeda y, en un giro inesperado, inició una investigación formal contra Álvaro Uribe y su abogado, Diego Cadena.
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La investigación se centró en los presuntos intentos de la defensa de Uribe de manipular al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, un testigo clave que había declarado contra Uribe. Según las grabaciones y las evidencias recopiladas por la Corte, se encontró que el abogado de Uribe habría visitado a Monsalve en prisión para ofrecerle beneficios jurídicos y económicos a cambio de que se retractara de sus testimonios. La Corte imputó a Uribe los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Proceso en la justicia ordinaria
En 2020, tras la renuncia de Uribe a su curul en el Senado, el caso pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, la Fiscalía, en dos ocasiones, solicitó la preclusión del caso, argumentando que no había pruebas suficientes para llevar al expresidente a juicio. Ambas solicitudes fueron negadas por jueces de la República y por el Tribunal Superior de Bogotá, que consideraron que las pruebas presentadas por la Fiscalía no eran suficientes para desvirtuar las evidencias existentes.
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Finalmente, el caso llegó a un juez de conocimiento, quien ordenó el inicio de un juicio formal contra Uribe. El 28 de julio de 2025, la jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, encontró a Álvaro Uribe culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria, marcando un hito en la historia judicial del país. La defensa del expresidente apeló la decisión, y la condena se encuentra en revisión por parte del Tribunal Superior de Bogotá. La reciente decisión de liberar a Uribe mientras se resuelve la apelación es un paso más en este largo y controvertido proceso judicial.