El escándalo de corrupción de la UNGRD ha sumado un nuevo capítulo que genera gran controversia. Noticias RCN ha revelado que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, obtuvo su residencia en Nicaragua. Este hecho es especialmente relevante, ya que ocurre en el mismo día en que la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por su presunta participación en el entramado de corrupción.
La información preliminar sugiere que este proceso de residencia podría haber contado con el apoyo del Gobierno Nacional, lo que ha desatado un fuerte debate sobre el alcance de las presuntas ayudas a funcionarios investigados. Este giro en el caso se suma a la reciente solicitud de la Fiscalía a la Interpol para que emita una circular roja contra González. Dicha circular busca lograr la captura internacional del exdirector del Dapre y del exdirector Nacional de Inteligencia, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
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La solicitud de la circular roja fue confirmada por La FM, que tuvo acceso al documento oficial. Se trata de una respuesta escrita de la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, a las víctimas que han insistido en acciones urgentes para la captura del exfuncionario, considerado uno de los principales protagonistas del escándalo de Gestión del Riesgo.
El rol de Carlos Ramón González en el entramado de corrupción
Los cargos por los que es investigado Carlos Ramón González se remontan a septiembre de 2023. En ese momento, González se desempeñaba como director del Dapre y, según las investigaciones, habría solicitado contratos por un valor de 60.000 millones de pesos para el entonces presidente del Senado, Iván Name, y más de 10.000 millones de pesos para el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
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Ambos congresistas ya se encuentran detenidos por su presunta participación en el mismo escándalo de corrupción. La vinculación de González a estos hechos lo ha posicionado como una pieza clave en el esquema de desvíos de fondos públicos, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar su captura internacional. La obtención de la residencia en Nicaragua complica aún más el panorama judicial, ya que el exfuncionario se encuentra en un país donde la colaboración judicial podría ser un proceso complejo.