Carlos Ramón González, ex director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y estrecho colaborador del presidente Gustavo Petro, fue imputado el 21 de mayo de 2025 por corrupción vinculada al desfalco en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), involucrando presuntamente sobornos a congresistas.
Ese mismo día, fuentes como Noticias RCN revelaron que la embajada de Colombia en Managua tramitó la renovación de su residencia en Nicaragua, donde se encontraba desde noviembre de 2024, pagando apenas 56 USD por el proceso. Esta coincidencia desató sospechas de protección institucional por parte del gobierno Petro y generó críticas inmediatas.
Ante esto, el propio presidente Gustavo Petro reaccionó y aseguró que “el gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”. Además, la propia Laura Sarabia también aseguró que durante su labor en la Cancillería de Colombia “no participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad”.
Con este documento probarían que el Gobierno si realizó la solicitud
Ahora bien, según lo revelado por Noticias RCN y que la propia María Fernanda Cabal compartió, un documento enviado desde la Embajada de Colombia en Nicaragua le solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país renovar la residencia de Carlos Ramón González.
En el documento se ve que la embajada colombiana le solicitaba la ampliación de la residencia de González el pasado 21 de mayo del 2025, por lo que se cree que el político ya estaría beneficiándose de esta solicitud y no habría regresado al país a enfrentar sus procesos con la justicia.