Antes de que se venciera el plazo legal, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez entregó al Tribunal Superior de Bogotá un extenso recurso de apelación de 904 páginas, con el objetivo de anular o revertir la condena de 12 años de prisión que le fue impuesta el pasado 1 de agosto por la jueza Sandra Heredia.
El documento fue recibido también por la Fiscalía y las partes civiles, quienes tienen cinco días hábiles para presentar sus respuestas. La decisión de segunda instancia deberá conocerse a más tardar el 16 de octubre, cuando se vence el plazo de prescripción del proceso.
Solicitudes centrales del recurso
El equipo jurídico encabezado por Jaime Granados y Jaime Lombana solicita lo siguiente:
- Nulidad del proceso desde la audiencia de formulación de acusación.
- Nulidad desde la audiencia de lectura del fallo.
- Absolución del expresidente Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Los abogados consideran que la sentencia carece de pruebas sólidas y que se vulneraron derechos fundamentales en el curso del proceso.
Cuestionamientos sobre las interceptaciones
Uno de los puntos clave de la apelación gira en torno a las interceptaciones telefónicas realizadas por error por la Corte Suprema.
“Resulta inadmisible aceptar el ingreso de las interceptaciones bajo la teoría del descubrimiento inevitable, dado que los presupuestos exigidos por dicha figura no se cumplen en el caso concreto”, afirma el documento.La defensa insiste en que se violaron garantías esenciales como el secreto profesional entre abogado y cliente.
El caso Monsalve y las grabaciones cuestionadas
La apelación también refuta que existiera una presión sobre Juan Guillermo Monsalve, testigo principal en el proceso. Según el texto:
“La juez, también rechazó el argumento de la defensa según el cual jamás se le pidió a Monsalve faltar a la verdad”.
Sobre las grabaciones realizadas con un “reloj espía” por Deyanira Gómez, la defensa objeta su legalidad, autenticidad e integridad, solicitando su exclusión como prueba.
El rol de Diego Cadena
Respecto a la relación entre Uribe y su abogado Diego Cadena, se niega que haya existido una influencia psíquica que lo llevara a delinquir.
“Álvaro Uribe Vélez no contrató al abogado Diego Cadena para realizar trabajos de alta técnica jurídica o para construir complejas teorías académicas”, señala la apelación.Además, se indica que la jueza habría incurrido en una interpretación forzada para construir una relación de subordinación entre ambos.
Alegatos de manipulación probatoria
La defensa también denuncia supuestas irregularidades en la valoración de pruebas:
“La interceptación de comunicaciones [...] fue mutilada por la juez para tomar apartes que le convenían y no apreciarla como unidad conceptual”.Con este argumento, se refuerza la idea de que no existió intención de inducir al error a la justicia ni manipulación alguna en las declaraciones.
Consideraciones de sesgo político
Por último, el recurso denuncia que la sentencia tiene una “connotación política” y que se usó el proceso como plataforma para obtener rédito público.
“Se demostrará, cómo se afectó la solemnidad de este acto al usarlo como un escenario para la búsqueda de aprobación pública y política”, argumenta la defensa.
Próximos pasos
El Tribunal Superior de Bogotá tiene hasta mediados de octubre para pronunciarse. Si la segunda instancia confirma la condena, aún quedaría la posibilidad de presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, que decidirá si admite o no el caso. De hacerlo, dispondrá de hasta cinco años para emitir un fallo definitivo.