Un nuevo debate entre turistas y locales se generó tras conocer que la Alcaldía de Cartagena oficializó una carta de precios para servicios turísticos en Barú con tarifas consideradas por muchos como excesivas: limonadas a $50.000, platos principales desde $55.000 hasta $600.000, entre ellos langosta, ceviche y mariscos, así como alquiler de mobiliario y masajes corporales.
Aunque el valor de los productos y servicios está respaldado por el distrito turístico, generó cuestionamientos sobre la accesibilidad del destino para visitantes locales y clase media colombiana.
Precios premium avalados oficialmente
Contrario al rechazo que generó en redes sociales y medios de comunicación, el alcalde Dumek Turbay defendió públicamente la lista de precios, argumentando que la logística insular encarece los insumos y que establecer tarifas claras es preferible a permitir la especulación indiscriminada.
Durante su comunicado desde su cuenta en X, el mandatario afirmó que prefiere precios regulados por normas transparentes “a no tener reglas claras y que se especule con los precios indiscriminadamente”. También destacó el compromiso con los habitantes nativos y anunció que se han definido criterios para garantizar un turismo ordenado, responsable y sostenible.
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Precios oficiales que causan rechazo
Entre los valores oficializados se encuentran:
- Mojarra: $55.000
- Sierra: $75.000
- Pargo: $95.000
- Pollo: $70.000
- Cangrejo: $150.000
- Ceviche y cazuela de mariscos: entre $150.000 y $185.000
- Cocteles: hasta $185.000
- Alquiler de sombrillas y sillas: desde $10.000, kiosko hasta $100.000
- Masajes: $150.000
Otras polémicas por precios en Cartagena
Barú no es el único foco de controversias por cobros excesivos. Esta metodología ha sido cuestionada por múltiples dignatarios y autoridades:
La Policía de Turismo y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) han implementado herramientas digitales como Visit Cartagena para que usuarios consulten precios oficiales y denuncien sobreprecios en tiempo real, generando alertas sobre prácticas abusivas en restaurantes y servicios del centro histórico.
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En enero de 2024, el alcalde de Cartagena tuvo que ofrecer disculpas públicas luego de que turistas afirmaran haber pagado exorbitantes tarifas por servicios mínimos. Ante la presión, el Gobierno distrital promulgó el Decreto 003 de 2024, que exige visibilizar de forma obligatoria los precios y prohíbe cobros engañosos o especulativos en zonas turísticas.