La Procuraduría General de la Nación solicitó formalmente al Consejo de Estado la nulidad del nombramiento de Leopoldo Alberto Múnera Ruiz como rector de la Universidad Nacional de Colombia para el periodo 2024-2027. Según el ente de control, su designación se basó en un procedimiento viciado que ignoró los resultados de la consulta democrática que favoreció inicialmente a José Ismael Peña Reyes y puso en riesgo principios como la autonomía universitaria y el debido proceso.
La solicitud fue presentada ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, que ya admitió la demanda y está en etapa final de alegatos de conclusión. Es decir, se está a la espera del fallo definitivo que resolverá si la elección de Múnera se ajustó a la ley o debe ser anulada.
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La Procuraduría sostiene que el Consejo Superior Universitario habría desconocido la elección ética y democrática de Peña, líder en la consulta interna del 12 de marzo de 2024, en la que ganó con un 34 % frente al 8 % obtenido por Díaz Reyes. La institución habría impuesto un método de votación ponderado (sistema Borda) que no respeta el voto limpio ni la mayoría calificada exigida por el Estatuto General de la Universidad Nacional.
Para el Ministerio Público, este acto no solo viola el debido proceso sino que también pone en entredicho la confianza legítima de los electores. Además, se destaca que no existió revocatoria legal del nombramiento de Peña y que Múnera asumió el cargo pese a las órdenes judiciales pendientes.
Por su parte, el CSU ha defendido que “no hubo violación al debido proceso” pues su resolución del 6 de junio de 2024 buscó corregir irregularidades previamente detectadas y retomar el mecanismo adecuado para elegir rector mediante voto nominal, según el artículo 72 del Estatuto General de la Universidad.
¿Qué viene ahora?
El Consejo de Estado deberá decidir si aplica una medida cautelar provisional, que aunque no suspenda inmediatamente a Múnera en el cargo, podría ordenar una revisión jurídica profunda del proceso. Posteriormente emitirá un fallo de fondo que determinará si su elección fue legal o debe ser revertida.
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Mientras tanto, José Ismael Peña y sus respaldos alegan que el proceso interno y la autonomía universitaria fueron respetados, y que su elección en marzo sí tuvo efectos legales válidos. Sin embargo, la Procuraduría asegura que no existió claridad jurídica ni respaldo institucional suficiente.
La decisión final del Consejo de Estado marcará un precedente sobre la gobernabilidad universitaria, la interpretación de los procesos electorales dentro de las IES públicas y el alcance del control disciplinario del Ministerio Público sobre decisiones autónomas de universidades estatales.