Lo que comenzó como una promesa de formalización minera, terminó en un paro indefinido impulsado por más de mil familias de Coscuez, quienes aseguran estar siendo perseguidos y criminalizados por el Estado colombiano, con el presunto apoyo de la multinacional Fura Gems. La denuncia fue hecha por el líder minero Robinson Franco, vocero del movimiento de resistencia minera, en un comunicado que circula desde el municipio de San Pablo de Borbur.
Franco advirtió que la represión por parte de la fuerza pública, especialmente de la Unidad Especial de Policía para la Minería (UNIMIL), ha vulnerado de manera sistemática los derechos fundamentales de la comunidad, bajo el argumento de proteger los intereses de Fura Gems, actual arrendataria de los títulos mineros en la región.
“Nos criminalizan por trabajar nuestra tierra”
En el comunicado, Franco señala que la minería tradicional en socavones ha sido por generaciones la base de sustento para las familias locales, y que “el Estado, que hace semanas vino a prometer formalización con la Agencia Nacional de Minería, ahora nos persigue como delincuentes”.
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Denuncian que operativos recientes, ordenados por la Fiscalía 50 de Bogotá, fueron ejecutados de manera violenta, dejando varios heridos, entre ellos trabajadores intoxicados por gases al ser incautados los ventiladores de socavón. Las herramientas fueron consideradas ilegales, pese a ser de uso ancestral.
La comunidad insiste en que estos actos son parte de una estrategia de desalojo presuntamente impulsada por Fura Gems, que busca eliminar la minería tradicional para monopolizar la explotación de esmeraldas en la zona. “No somos ilegales. Somos los legítimos herederos de una historia minera que nació con nuestros abuelos”, afirman los manifestantes.
Una comunidad entre la esperanza de formalización y el dolor de la represión
La denuncia también expone la contradicción del Estado colombiano: por un lado, funcionarios de la Agencia Nacional de Minería (ANM) visitaron Coscuez semanas atrás para iniciar un proceso de formalización; por otro, la UNIMIL ejecuta operativos represivos contra los mismos mineros a quienes se busca legalizar.
“La dignidad de los habitantes de Coscuez no puede ser sacrificada en el altar de los intereses de una multinacional”, escribe Franco. Y agrega: “No puede haber formalización sin respeto, ni diálogo sin coherencia”.
Paro minero en Boyacá y demanda nacional
Desde el 4 de agosto de 2025, el paro minero se ha extendido en todo Boyacá. Los bloqueos en sitios estratégicos como la doble calzada Bogotá–Tunja–Paipa–Sogamoso han afectado la movilidad regional, especialmente a sectores de transporte, carga y abastecimiento.
El comité minero ha rechazado la mesa de diálogo tras considerar que el Gobierno ha incumplido la mayoría de sus demandas. Exigen soluciones tangibles sobre regalías, apertura de exportaciones de carbón, formalización real y revisión de cargas impositivas que amenazan su subsistencia.
En Coscuez, junto a mineros artesanales, tradicionales y guaqueros, las protestas se mantienen en calma y con la exigencia de respeto a sus herramientas y modos de vida. La ANM y el Gobierno nacional son llamados a cumplir no sólo la formalización, sino también garantías mínimas para las comunidades que históricamente han cuidado esos territorios.