El Ministerio de Relaciones Exteriores ha dado un nuevo paso en la implementación del modelo público de expedición de pasaportes en Colombia. Esta vez, lo hizo mediante la contratación de un servicio de asesoría jurídica por $72.450.000, cuyo objetivo principal es apoyar la gestión jurídica interna de la Secretaría General y su Fondo Rotatorio, entidades encargadas de liderar el proceso de transición.
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El contrato, con una duración de cinco meses, fue suscrito con el abogado Felipe Alonso Muñoz, quien en el pasado fue asesor del Consejo Superior de la Judicatura. Su labor será acompañar los procesos contractuales y técnicos relacionados con el nuevo esquema de producción de pasaportes, etiquetas de visa y otros documentos de viaje.
Un modelo de expedición con enfoque estatal
La nueva estrategia de la Cancillería apunta a una mayor participación del Estado en la elaboración y personalización de documentos oficiales, centralizando así la administración de los datos personales de los ciudadanos colombianos. Según el estudio previo del contrato, esto permitirá “reforzar la soberanía del Estado sobre los datos y garantizar una gestión segura y transparente”.
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A pesar de los anuncios iniciales del Gobierno que indicaban la intención de no continuar con el actual contratista, se confirmó recientemente que el contrato con la empresa Thomas Greg & Sons fue prorrogado por siete meses adicionales, hasta marzo de 2026. Esto mientras la Imprenta Nacional termina de coordinar el nuevo modelo de producción en alianza con la Casa de la Moneda de Portugal.
El papel de la Imprenta Nacional y el convenio internacional
El 29 de julio, la Cancillería firmó un convenio con la Casa de la Moneda portuguesa, entidad pública extranjera que será clave en la transferencia de conocimiento y tecnología necesaria para implementar el nuevo sistema. A partir del 1 de abril de 2026, será la Imprenta Nacional quien asuma oficialmente la producción de pasaportes y etiquetas de visa, bajo un enfoque 100 % estatal.
El jefe del despacho presidencial, Alfredo Saade, señaló que el convenio con Portugal representa una etapa de transición estratégica:
“Ese convenio es una transición para la creación de los documentos y que apunta a poner en marcha el proceso”.
Riesgos y advertencias
Aunque la hoja de ruta está en marcha, la Contraloría General de la República ha emitido una advertencia por el “inminente riesgo de incumplimiento” en la continuidad del servicio de expedición de pasaportes, dada la complejidad técnica y operativa del cambio de modelo. En ese sentido, la contratación de asesorías especializadas como la de Muñoz busca mitigar estos riesgos y asegurar el cumplimiento de los cronogramas establecidos.
Con este panorama, Colombia se prepara para una transformación en su sistema de emisión de pasaportes, con el foco puesto en la seguridad digital, la soberanía de datos y la transición hacia una producción estatal de documentos de identificación internacional.