Con la inminencia del veredicto sobre su pena, la voz de Álvaro Uribe se hizo escuchar en las redes sociales. “Suelo decir en mis exposiciones sobre liderazgo y manejo de crisis, que las crisis más difíciles son las de afectación personal”, escribió el exmandatario. Su mensaje, cargado de un tono de introspección, continuó subrayando la importancia del apoyo en momentos como este: “Estas crisis personales necesitan la familia, los seres queridos, los amigos, los compatriotas convencidos que han apoyado, los lejanos, pero con curiosidad objetiva”. Uribe también enfatizó la necesidad de mantener la mente en la solución, más que en el problema, aludiendo a la preparación de su defensa y, de manera fundamental, a la oración como pilar de su fortaleza personal.
Estas palabras resuenan en un contexto de máxima tensión política y social, pues un tribunal encontró culpable al exmandatario, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, de obstruir a la justicia y manipular a paramilitares. El propósito, según el fallo, era evitar ser vinculado con estos escuadrones de ultraderecha, acusados de cometer numerosas masacres contra civiles en el marco del conflicto armado con las guerrillas de izquierda.
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La condena, emitida en primera instancia tras una audiencia de once horas, abre la puerta a una sanción que podría llegar hasta los doce años de prisión. A pesar de este duro golpe, la defensa del político de 73 años ha sido clara en su intención de recurrir la decisión, lo que postergará la ejecución de cualquier sanción y mantendrá el caso en los tribunales por un tiempo más.
Los delitos y el intrincado origen de un proceso de más de una década
La condena de Álvaro Uribe se fundamenta en los delitos de “soborno en acción penal” y “fraude procesal”, dos figuras jurídicas que, de acuerdo con el código penal colombiano, acarrean penas máximas de ocho y doce años, respectivamente, según precisó la abogada penalista Dalila Henao. Este largo proceso judicial tiene sus raíces en un hecho que se remonta a 2012, cuando el entonces expresidente demandó al senador izquierdista Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia.
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La demanda inicial de Uribe se originó por las afirmaciones públicas de Cepeda, quien sostenía que paramilitares encarcelados habían declarado tener nexos con el exmandatario. La dinámica del caso, sin embargo, dio un giro inesperado en 2018. Fue en ese año cuando la Corte Suprema decidió archivar la demanda de Uribe contra Cepeda y, de manera simultánea, ordenó investigar al propio exgobernante, convirtiéndolo de demandante en investigado. Se le señaló de manipular a testigos, específicamente a exparamilitares, con el objetivo de perjudicar a Cepeda en el proceso.
Un episodio crucial en el desarrollo de la investigación ocurrió en 2020. En un movimiento que generó un intenso debate político y legal, Uribe, quien en ese momento se desempeñaba como senador, presentó su renuncia a la curul en el Congreso. Esta maniobra tuvo una consecuencia directa y fundamental para el futuro del caso: al perder sus fueros, es decir, la prerrogativa de ser juzgado únicamente por la Corte Suprema de Justicia, el expediente fue remitido a la justicia ordinaria.
Este cambio de jurisdicción fue un factor determinante que ha permitido que el proceso avance hasta la condena actual en primera instancia, tras un camino lleno de audiencias, pruebas y argumentos de ambas partes.
Escenarios judiciales y el debate sobre la posible prisión
Tras el fallo condenatorio, la atención del país se ha centrado en los escenarios judiciales inmediatos. Este viernes se espera que la jueza a cargo del caso anuncie el monto exacto de la sanción, es decir, el número de años que Uribe podría pasar en prisión. Sin embargo, la pregunta crucial que se resolverá es si la jueza ordenará su captura de “inmediato” o si, como lo permite la ley, “le va a permitir defenderse en libertad”, según explicó el abogado penalista Francisco Bernate a la agencia AFP.
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La Fiscalía General de la Nación, por su parte, ya ha solicitado una sanción de nueve años de prisión, aunque con un pedido de prisión domiciliaria para el exmandatario. No obstante, los juristas que han seguido de cerca el caso, como Francisco Bernate y Dalila Henao, coinciden en que el escenario más probable es que Álvaro Uribe tenga la oportunidad de defenderse en libertad mientras se resuelve su apelación. Esta posibilidad legal es vista como una prerrogativa común en los procesos de esta índole, lo que permitirá que el exmandatario continúe su defensa fuera de un centro penitenciario. La defensa deberá formalizar su recurso legal después de que la jueza exponga el detalle completo del veredicto, un documento que, según se ha reportado, supera las mil páginas.
El camino de la apelación y los argumentos de la defensa
La defensa de Álvaro Uribe no ha perdido tiempo en anunciar su intención de recurrir el fallo. Han anunciado que el 11 de agosto presentarán formalmente una apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá. Este paso es un derecho fundamental del debido proceso y una de las principales esperanzas del uribismo para revertir el veredicto. Según el equipo jurídico del exgobernante, esta condena en primera instancia “no es una decisión definitiva: la presunción de inocencia del expresidente Uribe permanece intacta y aún existen recursos pendientes”. Este argumento busca recordar que el caso no está cerrado y que el proceso judicial aún tiene un largo camino por recorrer.
Ante esta apelación, el Tribunal Superior de Bogotá se enfrentará a dos posibles caminos, según Henao: la primera opción es “confirmar la decisión de la jueza”, lo que significaría ratificar la condena y dar un nuevo impulso al proceso. La segunda opción, que busca la defensa, es “revocar el fallo de primera instancia y absolverlo”, lo que significaría el fin del proceso con un resultado favorable para el exmandatario.
Entre los argumentos centrales de la defensa de Uribe se encuentra la supuesta manipulación de una grabación crucial. El exmandatario insiste en que una grabación obtenida con una cámara instalada en un “reloj espía”, destinada a registrar el soborno de uno de sus abogados, fue alterada y, por lo tanto, no puede ser utilizada como prueba en su contra. En dicha grabación, el jurista Diego Cadena, quien también enfrenta su propio juicio, es captado intentando sobornar al testigo estrella Juan Guillermo Monsalve. Monsalve es una figura clave en el caso, ya que acusa al expresidente de haber conformado un grupo paramilitar junto a su hermano Santiago, una de las acusaciones más graves en su contra.
Además, la defensa del exmandatario ha sostenido en varias ocasiones que las interceptaciones telefónicas a su línea constituyen una violación a su privacidad, buscando con este argumento deslegitimar una parte importante de las pruebas presentadas en su contra. Estos puntos serán los focos principales de la apelación y de la batalla jurídica que se avecina en el Tribunal Superior.