En un fallo histórico, el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá sentenció al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria, más una multa superior a los 3.500 millones de pesos y una inhabilitación política de más de ocho años, por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
La sentencia, leída este jueves por la jueza Sandra Heredia, señala que Uribe habría intentado manipular el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, a través de su abogado Diego Cadena, en el marco del caso que inicialmente involucraba al senador Iván Cepeda.
La reacción política no se hizo esperar. La senadora Paloma Valencia, figura clave del uribismo, denunció que el fallo judicial tiene fines electorales. En un trino que rápidamente se viralizó, escribió: “¿Empieza a materializarse un golpe político para sacarlo de la contienda electoral cuando su popularidad se dispara? Así como a Miguel lo sacaron con un atentado”. Y añadió: “Uribe ha demostrado su absoluto respeto por la justicia… no representa una amenaza ni para las ‘víctimas’, ni se va a fugar”.
Valencia advirtió que, de confirmarse la detención domiciliaria, “queda muy clara la intención política de sacarlo de la campaña”. A su juicio, se trata de una estrategia para debilitar la influencia de Uribe de cara a las elecciones de 2026.
Por su parte, la defensa del expresidente confirmó que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá antes del 11 de agosto, y no descarta acudir a la Corte Suprema. Uribe, quien ya enfrentó detención domiciliaria provisional en 2020, se ha declarado inocente desde el inicio del proceso.
Este nuevo capítulo judicial podría redefinir el panorama político del país, justo cuando el exmandatario mostraba señales de recuperación en las encuestas y algunos sectores consideraban su eventual regreso al ruedo electoral.