Una investigación del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) ha expuesto un estremecedor caso de violencia sexual, reclutamiento forzado y confinamiento de menores en el municipio de Unguía, ubicado en el Bajo Atrato chocoano. El informe, publicado el 25 de junio, revela cómo el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como el ‘clan del Golfo’, ha consolidado en la región un poder criminal que opera de forma paralela al Estado.
Uno de los hechos más graves descritos en el documento señala que un comandante de la estructura mafiosa llegó a reunir entre 60 y 65 niñas, provenientes de veredas y corregimientos de la zona. Estas menores fueron llevadas a un espacio construido específicamente para su confinamiento. “Empezó a hacer casas como un condominio y a las niñas las metía ahí. A todas les colocaba casa y moto. Esas niñas eran vigiladas y no podían salir de ese territorio, todo lo que necesitaban se lo llevaban. Si querían estudiar igual se tenían que quedar allá porque eran propiedad de él”, se detalla en el informe.
Escuelas y discotecas como focos de reclutamiento
El Cinep también documenta cómo las escuelas y discotecas se han transformado en escenarios de riesgo para las niñas. Allí se producen los primeros acercamientos por parte de integrantes del grupo armado. “Por el voz a voz una niña le dice a la otra que quiere irse con ellos y los comandantes le ofrecen un celular o algo así. Lo que está más inseguro últimamente son los colegios”, señala una lideresa comunitaria citada en el documento.
Además, se destaca cómo el cuerpo de las mujeres ha sido utilizado como un objeto de transacción en esta economía criminal. “El cuerpo de las mujeres ha sido designado como producto de intercambio valorado desde la sexualidad (...) se ha hecho referencia a la virginidad de niñas y jóvenes la cual es comprada por aproximadamente 5 millones de pesos”, se lee en otro apartado del informe.
El negocio del crimen: armas, drogas y poder territorial
La organización delictiva no solo controla el reclutamiento, sino también diversas actividades económicas tanto legales como ilegales. El documento señala que el ‘clan del Golfo’ administra tiendas, bares y otros comercios en la zona, y que regula precios en el mercado local. Su financiación incluye narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas, cobros extorsivos y control del paso migratorio por el Darién.
Aunque las autoridades locales niegan tener conocimiento de estos hechos, el contraste con lo documentado por el Cinep es contundente. Mientras el personero municipal, Nelson Enrique Rivas, afirma: “No tenemos conocimiento sobre eso. No ha llegado nada a la oficina. No hemos escuchado nada, ni rumores, nada”, el informe presenta un panorama de dominación y silencio.
Por su parte, el alcalde Marlon Alberto Gil reconoció la presencia del grupo armado, pero negó la existencia de casos de reclutamiento: “Todos los territorios están permeados por grupos al margen de la ley. Pero acá no hemos tenido problemas de reclutamiento ni nada de eso”.
El informe pone en evidencia un patrón de violencia sistemática y control territorial por parte de una estructura criminal que, lejos de ser invisible, opera a plena vista, en medio del silencio institucional.