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La Procuraduría también se metió en el lío de la Sabana de Bogotá y pidió seguir la orden del Consejo de Estado

Ante el conflicto en el que se encarnizaron la Alcaldía de Bogotá, la CAR y el Ministerio de Ambiente por el ordenamiento de la Sabana, la Procuraduría pidió cumplir las órdenes del Consejo de Estado sobre lo que se puede y no hacer en la Sabana.

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Autopista Norte Bogotá Foto: Autopista Norte Bogotá ( X @RutaBogotaNorte- descargada 8 de abril 2025)

Ante los constantes enfrentamientos entre la Alcaldía de Bogotá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la Empresa de Acueducto de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de Ambiente por la ampliación de la autopista norte y el ordenamiento territorial de la Sabana de Bogotá, con el fin de realizar intervenciones y obras necesarias en estos ambientes.

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Por esto, la Procuraduría General aseguró que las entidades involucradas tienen que tomar decisiones consensuadas al respecto, con el fin de avanzar en la recuperación del río Bogotá y el ordenamiento ambiental de la Sabana. Además, recordaron que deben cumplir la decisión del Consejo de Estado.

“En ejercicio de su función preventiva, el ente de control hace seguimiento al auto del Consejo de Estado que ordena, como medida cautelar, que el Ministerio de Ambiente convoque al Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá (CECH) para discutir los efectos del proyecto de resolución que definirá los lineamientos ambientales para esta región, clave para el equilibrio ecológico y el desarrollo urbano del centro del país”, aseguraron desde la Procuraduría.


Por tanto, la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios solicitó al Ministerio de Ambiente y a las demás entidades que informen si, durante la sesión prevista para el próximo 12 de agosto, se presentará una propuesta metodológica que garantice la coordinación, articulación, cooperación y consenso entre la Nacion, la CAR y las entidades territoriales. En caso de existir dicha propuesta, se pidió que sea compartida previamente con los integrantes del consejo, para su estudio y análisis.

Así mismo, solicitó a las entidades territoriales y a la CAR informar si han adelantado un análisis técnico sobre el impacto del proyecto de resolución en sus respectivas jurisdicciones, específicamente en aspectos como los usos del suelo, la continuidad de proyectos de servicios públicos, la identificación de variables territoriales y la aplicación de instrumentos de gestión, indicando la escala cartográfica utilizada para su análisis.

       

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