El senador Iván Cepeda, en su rol de víctima del proceso judicial contra el expresidente Uribe, envió una carta firmada también por Deyanira Gómez Sarmiento y representantes de víctimas, a la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la intromisión de Estados Unidos en el proceso contra el exmandatario.
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El documento fechado con 31 de julio, señala:
“Ante las graves presiones nacionales y de autoridades de Estados Unidos contra la independencia del poder judicial colombiano, tras conocerse el sentido del fallo de primera instancia mediante el cual se condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez por haber cometido los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, enviamos el día de hoy una comunicación oficial a Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y a la Comisionada Roberta Clarke, Relatora sobre Personas Defensoras y Operadoras de Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En dichas comunicaciones advertimos sobre los intentos de interferencia en la función jurisdiccional, lo cual representa una amenaza directa a la independencia judicial, al debido proceso y al equilibrio institucional del Estado colombiano“.
Cepeda asegura que la decisión de la jueza Sandra Heredia, se dio en medio de “presiones mediáticas y políticas”, además que la togada fue víctima de “ataques y señalamientos” por parte de actores nacionales e internacionales que “ponen en riesgo la vida e integridad de la jueza Heredia”.
El senador insistió que la intromisión de funcionarios del gobierno norteamericano, “pueden interpretarse como señales de presión sobre la administración de justicia en Colombia. En un Estado de Derecho, la justicia debe operar con plena independencia, sin injerencias externas y con respeto a la soberanía y a las garantías constitucionales”.
De esta manera, el documento le pide a los organismos internacionales que intervengan para que no se afecte la decisión en segunda instancia.
“Hemos solicitado a ambas relatorías una intervención urgente que permita salvaguardar la integridad del poder judicial en Colombia, garantizar condiciones de independencia para jueces y operadores de justicia, y prevenir cualquier forma de presión indebida que pueda afectar la decisión de segunda instancia, en el juicio contra Álvaro Uribe Vélez, que estará en manos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá”, concluye.