La capital colombiana fue testigo hoy de un episodio de tensión a las afueras del Complejo Judicial de Paloquemao. Minutos antes de lo que se anticipa como una jornada decisiva para el futuro judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez, simpatizantes y detractores del exmandatario protagonizaron un primer enfrentamiento. La Policía Nacional, a través de sus unidades en la zona, intervino de manera oportuna para controlar la situación y evitar que la confrontación escalara, restableciendo el orden público.
Preliminarmente, se conoció que un manifestante agredió verbalmente a otras personas y posteriormente golpeó a un camarógrafo. De acuerdo con el ciudadano, agredió al reportero por comentarios sobre las Fuerzas Militares. La Policías aseguró que ya se detuvo al señalado.
Este incidente subraya el profundo impacto político y social que ha generado el proceso judicial contra Uribe, un caso que ha mantenido al país en vilo durante años. La expectativa en torno a la lectura del fallo es palpable, y la presencia de ambos bandos en las inmediaciones del tribunal es una muestra clara de la polarización que rodea la figura del expresidente y este litigio en particular.
Hoy, la lectura del fallo de Álvaro Uribe
Hoy, 28 de julio de 2025, es una fecha clave en el prolongado proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El Complejo Judicial de Paloquemao es el epicentro de la atención nacional, ya que se espera la lectura del fallo de primera instancia en el caso que lo investiga por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.
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Un aspecto fundamental en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sido la validez de las interceptaciones telefónicas. La jueza 44 de conocimiento de Bogotá avaló la legalidad de las grabaciones a la línea telefónica del expresidente, ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en el año 2018.
La funcionaria judicial desestimó los argumentos presentados por el abogado Jaime Granados, principal defensor del expresidente, quien había solicitado la nulidad de dichas interceptaciones telefónicas, realizadas entre el 9 de marzo y el 9 de abril de 2018. La jueza indicó que “las pruebas permiten esclarecer de manera confiable” la demora en la cancelación de la orden de interceptación emitida por la Corte Suprema de Justicia. Al citar varios informes de peritos y los registros emitidos por el alto tribunal sobre este asunto, la jueza concluyó que “no se encuentra fundada la suspicacia invocada por la defensa”, validando así un elemento probatorio central en la acusación.