El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue absuelto del delito de soborno, restando delitos al fallo de la jueza en medio del juicio en su contra. Ahora bien, se demostró que cometió los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, por lo que se espera una sanción ejemplar en su contra.
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La jueza Heredia aseguró que fue absuelto por duda probatoria, ya que la Fiscalía General de la Nación “no cumplió con la obligación de demostrar más allá de toda razonable la responsabilidad del procesado”.
Ahora bien, la defensa del expresidente Uribe había anunciado que si la decisión era contraria a la de sus intereses la apelarían, por lo que se espera que hagan uso de sus elementos jurídicos con el fin de que el exmandatario sea absuelto de los delitos que la jueza aseguró sí cometió.
Todo lo que debe saber para entender el juicio contra el expresidente Uribe
El complejo pleito judicial que ha enfrentado al expresidente Álvaro Uribe, líder del partido de oposición Centro Democrático, y al senador Iván Cepeda, del partido de gobierno Pacto Histórico, se remonta a 13 años atrás. La controversia se inició en el Congreso, durante un debate sobre el origen y las consecuencias de los grupos paramilitares de extrema derecha en Colombia. En aquel entonces, el senador Cepeda insinuó presuntas relaciones del entonces senador Uribe con esas estructuras criminales.
Tras el acalorado debate legislativo, Uribe decidió denunciar a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia. Su argumento era que Cepeda, supuestamente, buscaba de manera irregular testimonios de exparamilitares presos, tanto en cárceles del país como del exterior, con el fin de vincularlo a esos grupos armados ilegales. Sin embargo, en un giro inesperado, la Corte Suprema de Justicia, en 2018, no encontró elementos probatorios suficientes para seguir adelante con la causa penal contra el senador Cepeda y cerró el caso.
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Pero la misma decisión judicial trajo consigo un cambio radical en la situación: la Corte ordenó iniciar una investigación contra Uribe por supuesta manipulación de testigos en contra de su contradictor político. Fue en ese momento cuando el exmandatario pasó de ser el acusador a convertirse en el acusado, y la denuncia que inició por manipulación de testigos, injuria y calumnia se volvió en su contra.
En 2020, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria de Uribe. Ante esta histórica decisión, el expresidente renunció a su curul como senador de la República, lo que implicó la pérdida de su fuero y el traslado de su caso a la justicia ordinaria. Uribe alegó en su momento que no contaba con las garantías suficientes en el máximo tribunal de justicia. No obstante, en 2022, una jueza determinó, con Uribe ya en libertad, que el proceso en su contra debía seguir su curso en la nueva jurisdicción.