La mañana de este viernes 25 de julio, el municipio de Dabeiba, Antioquia, se despertó con la trágica noticia del hallazgo sin vida de Fernanda Dominicó, quien se desempeñaba como la jefe de bomberos local. Este crimen, que ya es materia de investigación, ha generado una profunda conmoción y un enérgico rechazo en todos los sectores sociales y políticos del país.
Fernanda Dominicó no solo era la única mujer trans en ocupar un cargo como jefe de bomberos en un municipio de Colombia, sino que también era una figura emblemática y una reconocida líder social en Dabeiba. Su incansable labor y su don de servicio la habían convertido en un referente en la comunidad. El alcalde de Dabeiba, Daniel Higuita, lamentó profundamente su partida, señalando que “Nos deja un gran vacío”, y confirmó que las investigaciones ya están en curso para dar con los responsables de este nuevo crimen que enluta al municipio.
Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se sumó al clamor por justicia y anunció una recompensa de $20 millones para quien entregue información que conduzca al paradero de los responsables de este atroz crimen. “Un abrazo a su familia, amigos y en especial a los bomberos voluntarios de Dabeiba”, expresó Rendón en su cuenta de X, manifestando el dolor que embarga a la región.
Organizaciones sociales del municipio también se pronunciaron, describiendo a Fernanda como un “ser humano valiente, amorosa y digna”. En un emotivo comunicado, señalaron: “Fernanda vivió resistiendo: frente al rechazo, la discriminación y el olvido. Su existencia fue un acto de valentía en un territorio que aún teme a la diversidad. A pesar de todo, alzó su voz, lideró procesos, salvó vidas y nunca dejó de luchar por un mundo más justo”.
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El asesinato de Fernanda Dominicó no solo deja a Dabeiba sin un liderazgo excepcional y valiente, sino que agudiza la ya crítica crisis humanitaria que vive la población LGBTIQ+ en Antioquia. En lo que va de 2025, lamentablemente, 50 personas identificadas con estas diversidades han sido asesinadas en el departamento, una cifra que ratifica a Antioquia como una de las regiones donde los crímenes de odio siguen profundamente enquistados, exigiendo una respuesta contundente de las autoridades y de la sociedad en su conjunto.
Penas por feminicidio en Colombia: Lo que dicen las fuentes oficiales
En Colombia, el feminicidio es un delito tipificado en el Código Penal desde 2015, a través de la Ley 1761, conocida como Ley Rosa Elvira Cely. Esta ley busca reconocer y sancionar la violencia extrema contra las mujeres por su condición de género, estableciendo penas severas para quienes cometan este crimen.
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Según la legislación colombiana, las penas por feminicidio son las siguientes:
- Artículo 104A del Código Penal (Ley 599 de 2000, modificado por Ley 1761 de 2015): Establece que quien cause la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género, incurrirá en prisión de doscientos cincuenta (250) a quinientos (500) meses. Esto equivale a un rango de aproximadamente 20.8 a 41.6 años de prisión.
- Circunstancias de Agravación: La misma ley contempla circunstancias de agravación que pueden aumentar la pena. Estas incluyen, entre otras:
- Cuando el autor tenga o haya tenido una relación familiar, conyugal, de unión marital de hecho o de convivencia con la víctima.
- Cuando se cometa con sevicia o se realicen actos de tortura o barbarie.
- Cuando la víctima sea menor de edad o mayor de sesenta años.
- Cuando el delito se cometa en presencia de menores de edad.
- Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido públicamente.
- Cuando el delito se cometa en razón de la orientación sexual o identidad de género de la víctima.
Es importante destacar que la tipificación del feminicidio busca visibilizar y combatir la violencia basada en género, asegurando que estos crímenes no queden impunes o sean tratados como homicidios simples. Las autoridades judiciales, como la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República, son las encargadas de aplicar estas penas con base en las pruebas y el debido proceso.
Organizaciones como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación también monitorean y promueven la aplicación de estas leyes para garantizar los derechos de las víctimas y la prevención de la violencia de género.