La zona binacional entre Colombia y Venezuela es un área geográfica de cooperación fronteriza que busca facilitar el desarrollo económico, social y cultural en la extensa frontera de más de 2.200 kilómetros que comparten ambos países. Esta franja ha sido históricamente escenario de intercambios comerciales, migración, conflictos armados, contrabando y relaciones diplomáticas complejas.
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Por eso, la creación de una zona binacional, según Petro y Maduro, representa un esfuerzo por transformar este espacio en un eje de integración y no de conflicto.
El objetivo principal de esta zona binacional es fortalecer la seguridad, mejorar la infraestructura y fomentar el comercio legal entre ambos lados de la frontera. También busca atender de manera conjunta problemáticas comunes como el narcotráfico, el tráfico de armas, la minería ilegal y la migración masiva, especialmente desde Venezuela hacia Colombia en los últimos años.
La zona permite el diseño de políticas públicas coordinadas entre las autoridades regionales y nacionales de los dos países, con apoyo de organismos internacionales.
Uno de los aspectos más importantes de la zona binacional es la cooperación económica. Esto se refleja en el impulso a zonas económicas especiales, que facilitan el comercio entre los departamentos colombianos de La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Vichada y los estados venezolanos como Zulia, Táchira, Apure y Amazonas.
A través de estas zonas, se busca formalizar el comercio que tradicionalmente ha sido informal o ilegal, generando empleo y oportunidades para las comunidades fronterizas.
La oposición colombiana asegura que le quieren entregar la soberanía a Venezuela
Ahora bien, esta propuesta ha generado polémica en varios extremos de la política colombiana y sobre todo por las declaraciones de Nicolás Maduro, quien aseguró, entre otras cosas, que en los departamentos del Cesar, Norte de Santander y La Guajira solo hay siembra de coca y tráfico de estupefacientes.
Por eso, figuras como la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, han reaccionado en contra. Cabal aseguró que el memorando que se firmó para dar inicio a la firma definitiva del tratado internacional viola directamente el artículo 189 de la Constitución, que exige aprobación legislativa para acuerdos internacionales.
Además, abogados como Abelardo de la Espriella aseguraron que presentaron una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, argumentando que el presidente Petro y su canciller actuaron sin competencia legal, como lo aseguró la senadora Cabal. De igual manera, alegan que el acuerdo se hizo sin consulta previa con las comunidades de la frontera.
La narrativa de la oposición también se ha basado en asegurar que lo que se busca es entregarle los departamentos del Cesar, Norte de Santander y La Guajira a Maduro, siendo el expresidente Álvaro Uribe uno de los principales en lanzar este tipo de señalamientos en contra del proyecto.
Finalmente, es importante aclarara que lo que se firmó no fue el tratado internacional, sino que fue un memorando de entendimiento, con el que buscan empezar el proceso e ir buscando las vías legales para que se establezca.