El Juzgado Cuarto Penal de Bogotá dictó una condena de 75 meses de prisión y una multa de 30 salarios mínimos legales mensuales contra Andrey José Piñarete Galindo, hallado culpable del delito de “amenaza contra defensores de derechos humanos y servidores públicos”. La decisión fue emitida el pasado 12 de julio, tras un proceso que se extendió durante varios meses.
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Los hechos ocurrieron el 10 de agosto de 2022, cuando Piñarete envió un mensaje intimidatorio al entonces exalcalde y excandidato presidencial Federico Gutiérrez por medio de la red social Instagram. La amenaza, calificada por la justicia como grave y deliberada, decía:
“Das asco pichurria, meterte una indumil es poco mejor unas 15, dejarle la cabeza llena de metralla” (SIC).
Amenaza transnacional y pruebas contundentes
Durante el juicio, que se llevó a cabo entre abril y diciembre de 2024, se determinó que el mensaje fue enviado desde Islas Canarias (España), lugar de residencia del acusado en ese momento. La denuncia fue presentada el 16 de agosto de 2022, y la investigación quedó en manos del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía.
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Entre las pruebas más relevantes, se destacó el testimonio del propio alcalde Gutiérrez, quien narró el impacto emocional que le generó el mensaje y cómo afectó su entorno familiar. También testificó Adriana del Pilar Sánchez, excompañera sentimental del acusado, quien confirmó la autoría del mensaje, identificó el perfil como suyo y lo ubicó en España el día de los hechos. Además, reveló antecedentes de violencia intrafamiliar por los que ya lo había denunciado.
La conducta del acusado durante el proceso fue considerada por el juzgado como “desafiante e irrespetuosa”, incluso contra la propia jueza y los asistentes a las audiencias, lo que también fue valorado al momento de dictar sentencia.
Sin beneficios judiciales y con antecedentes de conducta violenta
La jueza negó la suspensión condicional de la pena y la posibilidad de prisión domiciliaria, argumentando que la condena supera los cuatro años y que Piñarete no demostró tener arraigo social, familiar ni laboral que garantizara su buen comportamiento en libertad.
Asimismo, el fallo destaca la necesidad de establecer precedentes frente al uso de redes sociales como instrumentos de amenaza y hostigamiento, subrayando que “la ciberdelincuencia no conoce fronteras” y que el anonimato virtual no protege a quienes incurren en actos delictivos.
El despacho ordenó la captura inmediata del condenado y su traslado a un centro penitenciario. Mientras tanto, su defensa anunció que interpondrá recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.