A pocas semanas de que finalice el contrato vigente con la firma Thomas Greg & Sons, la Contraloría General de la República emitió una alerta contundente sobre el futuro del sistema de expedición de pasaportes en Colombia. El organismo de control advirtió un “latente riesgo de incumplimiento” si el gobierno nacional insiste en delegar esta función a la Imprenta Nacional, como parte del proceso de estatalización impulsado por el presidente Gustavo Petro.
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La preocupación se suma a la ya expresada por la Procuraduría General de la Nación, que también ha cuestionado la capacidad técnica y operativa de la Imprenta para asumir esta tarea sin afectar la continuidad en la entrega del documento.
Deficiencias en el convenio y falta de preparación
Según el informe de la Contraloría, el convenio suscrito entre la Cancillería y la Imprenta presenta graves inconsistencias, particularmente en lo que respecta a la selección y vinculación de aliados estratégicos:
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“La Contraloría General de la República no evidencia la definición de cuáles serán los aliados estratégicos de la Imprenta para asumir la ejecución del nuevo modelo (...) No se condiciona el tipo de aliado estratégico ni la modalidad de selección con el que la Imprenta Nacional puede suscribir contratos para la ejecución del modelo”.
Uno de los aliados contemplados en el proceso es la Casa de Moneda de Portugal, con quien aún no se ha alcanzado ni la mitad del empalme requerido. De acuerdo con estimaciones de la Cancillería, serían necesarias al menos 35 semanas de trabajo conjunto antes de que la Imprenta esté completamente preparada, un plazo que se extiende mucho más allá del 1 de septiembre, fecha en la que debe entrar en vigencia el nuevo modelo.
Impacto institucional y control político
La tensión por este proceso ya ha tenido consecuencias en el gabinete. Laura Sarabia, quien estuvo al frente de la Cancillería en calidad de directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, advirtió previamente que “la Imprenta no está lista para expedición de pasaportes”, y alertó sobre el peligro de no prorrogar el contrato con Thomas Greg. Poco después, presentó su renuncia.
A esto se suma la destitución del excanciller Álvaro Leyva, sancionado por la Procuraduría por irregularidades en la licitación del contrato y por presuntamente continuar ejerciendo funciones pese a su suspensión.
El tema será abordado la próxima semana en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde ha sido citada la canciller encargada, Rosa Villavicencio, para dar explicaciones sobre el plan de contingencia y garantizar la continuidad del servicio.
¿Qué dice la Cancillería?
Pese a los señalamientos, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha reiterado que actualmente los pasaportes se están entregando con normalidad. No obstante, la incertidumbre persiste de cara al futuro inmediato, especialmente si no se adoptan medidas urgentes que aseguren la transición sin interrupciones.
La posible interrupción en la expedición de pasaportes pone en jaque un derecho fundamental y plantea serias dudas sobre la viabilidad de la estatalización sin una planeación técnica sólida y ejecutable.