El Ministerio de Justicia y del Derecho presentó ante el Congreso un proyecto de ley diseñado para respaldar los esfuerzos del Gobierno Nacional en la implementación de la Paz Total en Colombia. Esta propuesta busca establecer un marco normativo claro para el desarme, la desmovilización y la reintegración de los grupos armados ilegales, asegurando que los derechos de las víctimas sean siempre la prioridad.
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El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, lideró la radicación de este proyecto, el cual establece una hoja de ruta jurídica para enfrentar el conflicto armado y el crimen organizado, basándose en los principios de justicia, verdad y reparación. En su intervención, Montealegre destacó que esta propuesta es un esfuerzo serio para lograr resultados concretos en el proceso de paz, aprendiendo de experiencias pasadas, pero incorporando nuevas formas de negociación.
“El proyecto que se presentó a consideración del Congreso de la República tiene varios ejes. En primer lugar, el primer destinatario son aquellas estructuras al margen de la ley que se pueden considerar como actores del conflicto. El segundo eje son aquellos grupos que no son sujetos de justicia transicional porque no cumplen con los requisitos de ser actores del conflicto armado. Y una tercera gran categoría muy importante son aquellas personas que están siendo investigadas o fueron condenadas por delitos relacionados con la protesta social y disturbios sociales”, precisó el ministro.
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Tratamiento diferenciado para los grupos armados
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto de ley es la diferenciación en el tratamiento a los distintos grupos armados ilegales. El proyecto aclara que no todos los grupos serán abordados de la misma manera:
- Grupos como el ELN y las disidencias de las FARC recibirán un tratamiento político que les permitirá avanzar en negociaciones de paz. El carácter político de estos grupos será reconocido con el fin de facilitar un proceso de diálogo que busque la terminación del conflicto.
- Bandas criminales, como el Clan del Golfo, serán sometidas a un proceso de justicia en el que se les otorgarán beneficios jurídicos solo si cumplen con compromisos claros: desmantelar sus estructuras, entregar armas, colaborar con la justicia y, especialmente, cesar los ataques contra la población.
Compromisos verificables y justicia para las víctimas
Montealegre fue claro en señalar que los beneficios solo se otorgarán si existen compromisos verificables y tangibles por parte de los grupos armados ilegales. Estos incluyen:
- Dejar de atacar a la población.
- Contar la verdad sobre sus actividades criminales.
- Reparar a las víctimas del conflicto.
- Reintegrarse a la vida civil de forma efectiva.
“El objetivo no es premiar a los criminales, sino darle herramientas al Estado para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la justicia”, aseguró Montealegre.
El ministro también destacó que el proyecto no construye una “alambrada de impunidad”. A pesar de los beneficios ofrecidos a los grupos desmovilizados, siempre existirá un mínimo de pena privativa de la libertad, asegurando que la justicia para las víctimas no se vea comprometida.
Unificación del sistema de justicia
Una de las mayores debilidades del sistema de justicia colombiano ha sido la desarticulación de las leyes que afectan la lucha contra los grupos ilegales. Este proyecto de ley busca unificar criterios y evitar confusiones, lo que permitirá a jueces, fiscales y autoridades actuar con mayor eficacia en la persecución del crimen organizado. La simplificación y coordinación de las normas también apunta a evitar que se repitan los errores cometidos en procesos anteriores.
“Es un proyecto que trata de rescatar y de hacer efectivo el principio constitucional y el derecho constitucional a la paz que que tienen los colombianos, que tenemos los colombianos, pero si simultáneamente implica una política de restablecimiento del orden público y la seguridad ciudadana, porque a través de la justicia transicional y a través de el sometimiento de estas bandas criminales, se puede desescalar la violencia en el país”, explicó el ministro de Justicia.
Con este marco legal, el Gobierno Nacional espera dar pasos concretos hacia una paz verdadera, donde se logre un equilibrio entre la justicia para las víctimas y la seguridad para todos los colombianos. Se busca que la paz no solo sea un acuerdo político, sino una realidad palpable que beneficie a la sociedad en su conjunto.
El proyecto fue avalado por el Consejo Superior de Política Criminal el pasado viernes, un paso importante en el camino hacia su aprobación en el Congreso.