La caza ilegal de fauna silvestre en Colombia representa una grave amenaza para la biodiversidad del país, considerado uno de los más ricos en especies del mundo. Este delito ambiental afecta especialmente a animales como jaguares, monos, tortugas, guacamayas y ranas venenosas, que son capturados para el tráfico de mascotas, medicina tradicional o como trofeos. La pérdida de estas especies altera los ecosistemas y pone en riesgo el equilibrio natural, además de fomentar redes criminales que lucran con la destrucción ambiental.
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A pesar de las leyes que prohíben esta práctica, la caza ilegal persiste en muchas regiones del país debido a la falta de control, corrupción y pobreza en zonas rurales. Las autoridades ambientales enfrentan dificultades para vigilar extensas áreas naturales, lo que permite que cazadores y traficantes actúen impunemente. Organizaciones ambientales y comunidades indígenas trabajan en la educación y conservación para reducir este flagelo, pero se necesita mayor compromiso estatal y social para proteger la fauna silvestre.
Por esto, las autoridades se han encargado de enfrentar esta problemática, por lo que la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Yeferson Sánchez Perea, Hugo Fernely Sánchez Perea e Isauro Claros Oviedo, quienes estarían involucrados en la muerte de animales silvestres en Neiva (Huila), mediante la caza ilegal.
El pasado 10 de julio, en una vía del corregimiento de Vegalarga en Neiva (Huila), los procesados fueron requeridos por las autoridades en un puesto de control instalado en el momento que se desplazaban en un motocarro.
Al adelantar la inspección del automotor, habrían sido encontradas un ave guacharaca muerta, cuatro caninos entrenados para labores de caza, una escopeta y tres cartuchos. Los presuntos responsables fueron capturados en flagrancia.
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Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Huila, les imputó los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
En audiencias concentradas los procesados no aceptaron los cargos y por disposición del juez deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.