El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, se pronunció este viernes sobre la petición del presidente Gustavo Petro de facilitar la salida de Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, de su centro penitenciario. En entrevista con La W Radio, el ministro fue enfático:
“Nunca vamos a pasar por encima de las decisiones de los jueces de Colombia.”
¿Qué pidió el presidente Petro?
Según reveló el periodista Daniel Coronell, durante el último Consejo de Ministros, Petro hizo una solicitud directa:
“Ayúdeme a sacar a Epa, que no viva en una celda. ¿Cómo así que no se puede?”
El presidente habría expresado su inconformidad con las condiciones de reclusión de la empresaria, quien cumple condena por actos de vandalismo durante las protestas sociales del paro nacional.
Montealegre no comparte el fallo, pero respeta la justicia
Aunque dejó claro que el Ejecutivo no intervendrá en las decisiones del poder judicial, Montealegre sí cuestionó el enfoque de la sentencia:
“Yo no comparto las calificaciones que se hicieron en ese caso. Me parecen penas absolutamente desproporcionadas.”
Sin embargo, señaló que su mayor preocupación no es jurídica, sino humanitaria: la seguridad de Barrera dentro del centro de reclusión.
Montealegre aseguró que ha recibido reportes confiables sobre amenazas contra la vida de la influencer:
“Ella tiene problemas muy serios de seguridad. Hoy recibí informaciones de altísima fidelidad que indican que tiene problemas en la cárcel.”
Ante ese escenario, recordó que el sistema penitenciario sí contempla mecanismos legales para modificar condiciones de reclusión cuando hay riesgo para el interno.
¿Habrá traslado como en otros casos?
Cuando se le preguntó si Epa Colombia podría recibir un trato similar al del general Arias Cabrales —quien fue trasladado por razones médicas y de seguridad—, Montealegre fue claro:
“El tratamiento es penitenciario por razones de seguridad, no de favor político.”
Una decisión legal, no política
El ministro concluyó que cualquier medida en favor de Barrera será tomada dentro del marco legal, sin privilegios y en función de proteger la vida de las personas privadas de la libertad:
“No se trata de un trato de favor, sino de un asunto humanitario y legal.”
Epa Colombia fue condenada por vandalismo luego de que, en medio del paro nacional de 2019, publicara un video en el que destruía una estación de TransMilenio. Aunque posteriormente buscó reparar el daño y convertirse en empresaria, el fallo judicial incluyó una pena de cárcel que sigue generando controversia.