El influencer colombiano Luis Villa, más conocido en redes como Westcol, se enfrenta a una nueva polémica, esta vez en los estrados judiciales. El Juzgado Noveno Penal Municipal de Ibagué inició un proceso por presunto desacato, luego de que el creador de contenido no cumpliera completamente con una orden emitida por la Corte Constitucional en su contra.
El caso se remonta a septiembre de 2022, cuando Westcol publicó en YouTube un video titulado “¿Y si mi hijo sale trans?”, en el que profirió comentarios catalogados como transfóbicos y homofóbicos. Entre otras afirmaciones, expresó que “empalaría a su hijo” si fuese trans y que “llenaría de balazos” a una pareja homosexual que visitara su casa. Las expresiones, que fueron ampliamente replicadas en redes sociales, motivaron una acción de tutela liderada por el activista José Francisco Montufar.
Tras analizar el caso, la Corte Constitucional concluyó que Villa vulneró los derechos fundamentales de la población LGBTIQ+ y, en consecuencia, le impuso tres medidas correctivas:
- Publicar una disculpa pública por los comentarios emitidos.
- Difundir la sentencia en todas sus redes sociales, incluyendo YouTube.
- Realizar un curso pedagógico sobre derechos humanos y diversidad sexual, impartido por el Ministerio de Justicia.
Aunque Westcol publicó una disculpa en Instagram, omitió replicarla en YouTube, la misma plataforma donde ocurrieron los hechos, lo cual fue considerado una omisión grave. Pero el mayor incumplimiento está relacionado con la capacitación obligatoria. Hasta la fecha, el influencer no ha demostrado haber realizado dicho curso, situación que activó el proceso por desacato.
Posibles consecuencias legales
El juzgado otorgó a Westcol un plazo de tres días para presentar el certificado del curso, tiempo que vence hoy. Si no cumple, se configuraría formalmente el desacato, lo cual puede acarrear consecuencias como:
- Arresto de hasta seis meses
- Multa equivalente a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes
Además de esta causa, el creador de contenido enfrenta dos procesos adicionales: una demanda civil y una denuncia penal por injuria y vías de hecho, lo que agrava aún más su situación jurídica.
“El curso no ha sido demostrado ni enviado al juzgado”, aseguró José Francisco Montufar. Para el activista, el incumplimiento refleja una falta de respeto hacia el fallo y hacia las víctimas de violencia digital: “La violencia digital tiene efectos reales. Los discursos de odio en redes pueden derivar en agresiones físicas y hasta asesinatos”.
El caso ha sido destacado como un precedente en la protección de los derechos de personas LGBTIQ+ frente a la violencia digital. No obstante, su eficacia depende del cumplimiento de las sanciones impuestas. “Las sanciones no deben quedarse en el papel. Necesitamos voluntad institucional para garantizar la dignidad y seguridad de estas poblaciones”, advirtió Montufar.
La decisión final del juzgado se conocerá en los próximos días, y marcará un precedente sobre la responsabilidad legal de los influencers en Colombia frente a discursos discriminatorios.