Durante una extensa sesión del Consejo de Política Criminal realizada este viernes, la Corte Suprema de Justicia, en cabeza de la magistrada Myriam Ávila, expresó su oposición a un polémico borrador de ley del Gobierno nacional que plantea ofrecer beneficios penales a jefes de organizaciones criminales que decidan someterse a la llamada paz total.
El documento, que contiene 51 artículos y fue discutido durante cinco horas, contempla penas alternativas de entre cinco y ocho años para los máximos responsables de bandas ilegales, incluyendo a desertores del proceso de paz como alias Iván Márquez. La magistrada Ávila, presidenta de la Sala Penal, cuestionó abiertamente la iniciativa, calificándola de riesgosa y desproporcionada en cuanto a los beneficios ofrecidos a responsables de crímenes graves.
Oposición institucional a la propuesta
Además de la Corte Suprema, la senadora Paloma Valencia y la defensora del Pueblo Iris Marín también manifestaron su desacuerdo con el proyecto. Durante el encuentro, se advirtió que no se brindó el tiempo suficiente para analizar el documento en profundidad, lo que generó mayor preocupación sobre la viabilidad jurídica y ética del mismo.
Uno de los puntos más criticados fue el artículo 21, que establece:“Los máximos responsables en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra se les aplicará una pena alternativa privativa de la libertad por un período mínimo de cinco años y no superior a ocho años.”Asimismo, para los demás integrantes sin rol de mando, el proyecto plantea penas entre dos y cinco años.
Similitudes con procesos anteriores y reparos técnicos
Varios asistentes compararon la propuesta con los mecanismos implementados bajo la Ley de Justicia y Paz para los paramilitares, alertando que se podrían repetir los mismos errores de impunidad. También se mencionaron nombres como alias Douglas, Pipe Tuluá y Vallejo como posibles beneficiarios de estas medidas, lo que encendió aún más las alarmas.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, hizo énfasis en la necesidad de ajustes relacionados con la protección de la niñez. Subrayó que se deben garantizar mecanismos para impedir que menores de edad sigan siendo reclutados o utilizados por estas estructuras, y que el sometimiento deberá incluir como condición sine qua non la entrega de los niños que estén en poder de dichos grupos.
Próximos pasos del Gobierno
A pesar de las objeciones, el proyecto avanzó por mayoría en el Consejo, y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció que hará los ajustes necesarios antes de radicar la iniciativa el próximo 20 de julio ante el Congreso. Montealegre también se comprometió a incorporar las observaciones del ICBF y de otros sectores institucionales.
Mientras tanto, las críticas siguen creciendo en torno a una propuesta que, para sus detractores, plantea beneficios excesivos para responsables de delitos atroces, sin ofrecer garantías claras para las víctimas ni mecanismos efectivos de justicia y reparación. La discusión apenas comienza y promete tensar aún más el debate sobre el alcance real de la paz total.