Según el Comunicado a la opinión pública emitido por la Gobernación del Cauca el 17 de julio de 2025, la entidad “rechaza de manera categórica el secuestro de siete mujeres y dos hombres” en el municipio de Micay. Estos nueve individuos son descritos como servidores públicos y contratistas de la Gobernación, quienes se encontraban en la zona “cumpliendo una misión humanitaria y social”.
La Gobernación enfatiza que el equipo tenía como propósito “promover el diálogo territorial, fortalecer la participación ciudadana y facilitar el acceso a programas sociales del Estado”. Subrayan que sus funciones eran de “servicio público legítimo, lejos de cualquier interés o acción militar”, desmintiendo categóricamente las afirmaciones de grupos armados.
Más noticias: Turista extranjero causa destrozos en aeropuerto de Cartagena; habría estado bajo efectos de alucinógenos
Desde la Gobernación del Cauca se ha hecho un llamado urgente a la “liberación inmediata de estas personas”, recalcando que “cumplían funciones estrictamente civiles y sociales, en el marco del ejercicio legítimo del servicio público”. La administración departamental también ha invocado el respeto al Derecho Internacional Humanitario, a los principios fundamentales de neutralidad y protección al personal civil.
Han solicitado el acompañamiento inmediato de organismos de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, así como el respaldo de la comunidad internacional y el Gobierno Nacional. La Gobernación reitera que la institucionalidad debe ser “respetada y protegida como garante de derechos y canal para la construcción de paz en el territorio”, concluyendo su comunicado con un enfático “¡Libérenlos Ya!”.
La versión de las Disidencias FARC: Acusaciones de tareas militares y desvío de fondos
Sin embargo, a través de un comunicado público, el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC-EP aseguró que la retención de los nueve contratistas es “legítima” y acusó a los funcionarios de “desarrollar tareas militares” en nombre de la Gobernación.
Según su versión, los contratistas estaban supuestamente “entregando e instalando equipos militares para inhibir señales y derribar drones”. El grupo armado afirma que estas actividades se enmarcaban en la ejecución de un contrato por más de 4.100 millones de pesos, financiado con recursos departamentales y nacionales.
El grupo armado también ha señalado directamente al gobernador Octavio Guzmán de supuestamente utilizar fondos públicos para fines militares, en un grave señalamiento que profundiza la controversia. A pesar de estas acusaciones, el EMC aseguró que los retenidos serán “tratados de la mejor manera y en las mejores condiciones” mientras permanezcan en su poder, aunque sin establecer un plazo para su liberación.