A menos de dos meses de que finalice la actual urgencia manifiesta para la expedición de pasaportes, el Gobierno colombiano aún no confirma oficialmente la firma del convenio internacional con Portugal, que garantizaría la continuidad del servicio desde el 1 de septiembre. Aunque el jefe del Despacho Presidencial, Alfredo Saade, aseguró que “todo estaba listo” tras diez mesas técnicas con delegados portugueses, las entidades implicadas mantienen reserva absoluta sobre el proceso.
El convenio, según reveló El Tiempo, estaría siendo tramitado bajo un acuerdo de confidencialidad, lo que ha generado preocupación en distintos sectores por la falta de transparencia. “Van a ir por acuerdo de confidencialidad, pero debería ser público para veeduría”, señalaron fuentes cercanas al proceso.
Señales de alerta desde las entidades y el Congreso
La Imprenta Nacional, que sería la encargada de recibir la transferencia tecnológica para producir los pasaportes, indicó que aún no se ha suscrito ningún convenio y delegó la responsabilidad en el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. A su vez, desde la Cancillería aseguran que el proceso es liderado directamente por la Casa de Nariño.
La situación ha despertado múltiples inquietudes jurídicas y técnicas. La excanciller Laura Sarabia advirtió que el acuerdo podría enfrentarse a una demanda por falta de sustento legal y financiero, y que “los únicos que pagan la improvisación son los ciudadanos”. Según su equipo, un proceso de transición como este requiere al menos 35 semanas de implementación, tiempo que no coincide con el cronograma actual del Gobierno.
Riesgos legales y posibles consecuencias
Juristas como Alexandra Lozano advierten que, si se comprueba una intervención indebida de Alfredo Saade en la negociación, podría configurarse una extralimitación de funciones. “En caso de que se pruebe que Alfredo Saade ha tenido algún tipo de injerencia en el tema, podría incurrir en extralimitación de funciones y transmitir esos vicios al convenio”, explicó la abogada, señalando que ello abriría la puerta a demandas de nulidad y suspensiones provisionales que impedirían la ejecución del acuerdo.
Además, ya existe una queja disciplinaria contra Saade y una investigación abierta por la Procuraduría en relación con los fallos anteriores en la contratación del servicio.
El Congreso entra en escena
En respuesta al creciente hermetismo, desde el Congreso se están organizando debates de control político. La representante Juana Carolina Londoño (Partido Conservador) anunció que citará a la canciller encargada, Rosa Villavicencio, para que rinda cuentas sobre los planes técnicos que se implementarían después de septiembre. “Este es un asunto de extrema sensibilidad para el país, que exige un manejo impecable, sin espacio para improvisaciones ni atajos jurídicos”, advirtió la congresista.
Londoño también alertó sobre las posibles consecuencias para los ciudadanos si el nuevo esquema fracasa: restricciones para viajar, hacer trámites internacionales o acceder a oportunidades laborales y educativas en el exterior.
Mientras tanto, el país continúa a la expectativa, con un proceso fundamental para la movilidad y los derechos ciudadanos sumido en el silencio oficial y la incertidumbre jurídica.